El Ministerio de Hacienda ultima estas semanas el proyecto de presupuestos generales del Estados para 2023, que, según la información que se conoce hasta ahora, contará con un gasto récord y estará abierto a la posibilidad de incluir nuevas medidas fiscales.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido que pretende presentar las cuentas "en tiempo y forma", lo que supondría que el proyecto llegara al Congreso antes del final de septiembre para que quede aprobado en las Cortes antes del cierre de año.

Previamente, el Congreso tendrá que apreciar que se dan las circunstancias para mantener suspendidas las reglas fiscales y que, un año más, no habrá objetivos vinculantes de déficit para ningún subsector de la Administración.

A falta de conocer el detalle del proyecto, que Montero ya negocia tanto dentro del Gobierno -con Unidas Podemos- como con los socios parlamentarios del Ejecutivo, en las últimas semanas se han ido desvelando algunos aspectos claves de las futuras cuentas.

Se asientan en una previsión de crecimiento económico del 2,7 % y un deflactor del índice de precios de consumo (IPC) -que se asimila a la inflación- del 2,9 %

A finales de julio, el Gobierno actualizó el cuadro macroeconómico, de manera que los presupuestos se asientan en una previsión de crecimiento económico del 2,7 % y un deflactor del índice de precios de consumo (IPC) -que se asimila a la inflación- del 2,9 %.

Se construyen, además, sobre una previsión de déficit público del 3,9 % del PIB, una referencia que no está sujeta a sanción porque las reglas fiscales europeas continúan suspendidas, de los que un 3,2 % corresponde a la Administración central.

El límite de gasto no financiero o techo de gasto para 2023 es de 198.211 millones de euros, un 1,1 % superior al de este año y un máximo histórico.

En esta cifra se incluye una dotación para los proyectos asociados a los fondos europeos de 25.156 millones: 23.840 millones del mecanismo de recuperación y resiliencia (MRR) y 1.316 millones del ReactEU.

Por el lado del gasto, la orden de elaboración de las cuentas apunta como prioridades a la transición verde y digital y a medidas "específicas y temporales" de apoyo a los sectores y colectivos más afectados por el encarecimiento de la energía.

Ya se sabe que las cuentas incluirán una transferencia a la Seguridad Social de 19.888 millones, un 8,1 % superior a la de 2022, para atender a las directrices del Pacto de Toledo, y que las pensiones se revalorizarán conforme al IPC.

En el caso de los empleados públicos, también su subida salarial irá en las cuentas, aunque aún no se conoce el importe, que dependerá de si finalmente se incluye en el pacto de rentas o, por el contrario, se negocia entre Hacienda y los sindicatos, en cuyo caso la ministra aboga por un acuerdo plurianual "prudente".

Las cuentas se van a elaborar sobre el supuesto de que las medidas para paliar los efectos de la inflación habrán surtido efecto y 2023 arrancará con una situación de normalidad, pero no se descarta prorrogar algunas de esas políticas si es necesario.

Por el lado de los ingresos, los presupuestos incorporarán la recaudación prevista de los dos nuevos impuestos temporales establecidos para grandes energéticas y entidades financieras, un total de 2.000 y 1.500 millones, respectivamente.

Además, Montero se ha mostrado dispuesta a negociar medidas fiscales para incluirlas en las cuentas, entre ellas la bajada del IVA de los productos de higiene íntima femenina.

Más allá de las cuentas del Estado, las comunidades autónomas recibirán en 2023 una financiación récord con cargo al sistema de financiación autonómica de 134.336 millones de euros, un 24 % más. La mayor parte de los recursos se corresponden con las entregas a cuenta del próximo año, 124.292 millones (un 11 % más), y el resto, 10.981 millones, a la liquidación positiva de 2021. 

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