El Gobierno ha comenzado a trabajar con los bancos en la colocación de los “hispanobonos” a los que el Ejecutivo dará luz verde esta semana, tal como adelantó Vozpópuli. El Tesoro se ha reunido ya con las que serán entidades colocadoras que le han transmitido una preocupación: el actual mercado de deuda puede estar saturado para las necesidades de financiación de las autonomías, según afirman fuentes de esas entidades.
Según la gran banca, las emisiones de deuda soberana a las que será necesario recurrir piden intereses cada día más altos que, previsiblemente, crecerán todavía más cuando el Estado intente captar fondos para una nueva emisión. Las entidades consultadas consideran que el sobreprecio que pagan entidades como el ICO o el FROB (de entre un 0,7 y un 0,9% más que las Letras del Tesoro) podría quedarse corto.Las fuentes del Tesoro consultadas no han querido cuantificar el volumen de emisión de “hispanobonos” que sería necesaria para cubrir los gastos autonómicos. Las autonomías tienen todavía pendientes de pago 17.000 millones de euros este año pero fuentes del Ejecutivo aseguran que no toda su financiación se hará mediante esta fórmula por lo que la emisión final de deuda avalada por el Estado podría ser inferior a esa cuantía.
Los analistas también muestran sus reservas
Los analistas consultados también cuestionan los márgenes de la operación. Según el economista jefe de Intermoney, José Carlos Díez, “la medida soluciona el problema de acceso a los mercados pero no el de los tipos de interés que deben pagar los gobiernos autonómicos”. Desde abril –recuerda Díez—ninguna autonomía ha sido capaz de financiarse en el mercado “salvo con acuerdos bilaterales con sus cajas amigas”.
El esquema del Gobierno
El esquema del Gobierno pretende resolver esos dos problemas para la financiación autonómica: el primero, el acceso a unos mercados cerrados y el segundo, los altos tipos de interés que ahora deben pagar las comunidades para obtener fondos, según fuentes del Ejecutivo.
Por ello, el Tesoro planea crear una bolsa de deuda nueva cuya cuantía no se ha determinado todavía pero que contará con el aval del Estado. “La emisión de nueva deuda será ligeramente más cara que la que paga el Reino de España”, admiten fuentes del Ejecutivo, “pero sustancialmente más barata que la que los mercados demandan a las autonomías”. El ministro de Economía, Luis de Guindos, cifró en marzo en unos 1.000 millones de euros la rebaja de costes de financiación que supondría para las autonomías.
Un interés más bajo que el que les demanda el mercado solucionaría también el segundo problema: el de los altos costes que las Comunidades Autónomas tienen que pagar ahora para financiarse. A cambio ese menor interés, el Tesoro exigirá a las autonomías que paguen un “recargo” al Estado, es decir, que devuelvan esos fondos con intereses más altos que los que costará captar esos fondos aunque todavía por debajo de lo que pagarían a la banca.
Después de la primera ronda de emisión, las autonomías sólo podrán volver a recurrir a los “hispanobonos” si cumplen los criterios de ajuste marcados por el Gobierno en función de sus tasas de déficit público y niveles de deuda pactados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
