Iberdrola ha caído un 4,3% de su valor bursátil desde el pasado miércoles. Una jornada donde el magistrado al frente del caso Villarejo, Manuel García Castellón, citaba como imputado al presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. Una perdida de valoración que supone una pérdida de valoración de 3.000 millones de euros por parte de la segunda compañía más grande del mercado español.
Las acciones de la energética arrancaban el pasado miércoles en 10,81 euros por acción y con una valoración total de 69.380 millones de euros. Una hora después de arrancar la jornada, Iberdrola comenzaba a desplomarse con la noticia y, siete horas después, cerraba la sesión con un desplome del 3,5%, su mayor caída desde que se desató la pandemia en marzo de 2020.
El jueves corregía la caída con una ligera subida del 0,4% y este viernes volvía a la senda de las caídas con un desplome del 1,1%. Su pérdida de valoración total es 2.952 millones de euros y el Banco Santander ya le pisa los talones en la segunda plaza del Ibex 35, tras Inditex.
Iberdrola acumula en 2021 un desplome de su valor del 10,5%, después de haber sido una de las grandes compañías del selectivo español que mejor ha aguantado la pandemia en Bolsa y de registrar una revaloración del 75% en estos últimos tres años en los que ha durado la instrucción del caso Villarejo.
Iberdrola defiende a su presidente
Los inversores han puesto esta semana en duda la compañía con la imputación del presidente. Algo que no ha hecho la empresa. En un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Iberdrola destacaba que su consejo de administración apoya la continuidad de Ignacio Sánchez Galán al frente de la presidencia de la entidad, a pesar de su imputación por el caso Villarejo.
La empresa considera que "no se ha puesto de manifiesto la comisión de ningún tipo de ilegalidad o irregularidad ni de ninguna conducta inapropiada (ni indicio alguno de su posible comisión) por parte de los miembros del consejo ni de la alta dirección", y ha mostrado su colaboración con la Justicia.
El comunicado Iberdrola explica que el consejo apostó por dar "por debidamente cumplidas" las obligaciones establecidas en el sistema de gobernanza y sostenibilidad de la sociedad y en las recomendaciones del Código de buen gobierno de las sociedades cotizadas para el caso de que algún miembro del consejo de administración fuera llamado como investigado en el procedimiento penal, "sin que se considerara preciso la adopción de medida alguna".
Esquiva al reglamento
Como informaba Vozpópuli, el reglamento del consejo de administración de Iberdrola señala que los consejeros deberán poner su cargo a disposición del organismo "cuando por hechos o conductas imputables al consejero se hubiere ocasionado un daño grave al patrimonio social o a la reputación de la Sociedad o surgiera riesgo de responsabilidad penal para la Sociedad o alguna de las sociedades del grupo", así como "cuando se den situaciones que les afecten (...) que puedan perjudicar al crédito y reputación de esta".
En caso de que se produzca alguna de esas circunstancias, el consejo "requerirá al consejero para que dimita de su cargo y, en su caso, propondrá su separación a la Junta General de Accionistas". Fuentes de Iberdrola ya han admitido que el caso Villarejo ha erosionado "el buen nombre y la reputación" de la compañía en los últimos meses.
El reglamento también obliga a Galán a comunicar formalmente al resto de consejeros su imputación en el caso Villarejo (está citado el próximo 7 de julio para declarar). Una vez sean informados el resto de miembros del organismo, la Comisión de Nombramientos que encabeza María Helena Antolín elaborará un informe que será presentado al resto del consejo, que podrá adoptar las medidas que considere oportunas como "la apertura de una investigación interna, solicitar la dimisión del consejero o proponer su cese".
