Iberdrola y Endesa, las mayores compañías eléctricas españolas, le dan la vuelta a la tortilla del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico.
Las dos multinacionales, en principio las más favorecidas por el Anteproyecto de Ley que contempla la creación de dicho fondo, han presentado alegaciones a la redacción del mismo.
De acuerdo a fuentes del sector, han solicitado una reforma fiscal medioambiental, y que las sanciones que se impongan a las empresas que no cumplan con el fondo sirvan para costearlo.
Los requerimientos de las eléctricas al Gobierno se producen en pleno tirón del precio de la luz, y fueron formalizadas este lunes en la presentación de sus alegaciones al Ministerio de Transición Ecológica.
Cepsa, Repsol o Disa han presentado alegaciones al anteproyecto de Teresa Ribera, pero también Iberdrola o Endesa
El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista se situó el viernes en 94,99 euros/MWh, el segundo más alto de la historia (el precio de la electricidad en ese mercado representa cerca del 37% del total de la factura), en un momento de elevado consumo debido al temporal que ha azotado el país desde el viernes.
El Consejo de Ministros inició a mediados de diciembre la tramitación de un Anteproyecto de Ley para crear el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), que asumirá la parte de los costes fijos asociados al recibo de la luz. En la actualidad, estos costes son abonados por los consumidores particulares y las empresas.
La medida provocará en la práctica que un grupo de 500 compañías tendrá que cargar con un sobrecoste anual de 7.000 millones. En torno al 43% de ese gasto lo asumirán las petroleras (las eléctricas un 31% y las gasistas un 25%).
El Anteproyecto de Ley contempla multas de hasta 60 millones para las empresas que no cumplan con el fondo energético
El Gobierno abrió entonces un plazo que finalizaba este lunes 11 de enero para presentar alegaciones al anteproyecto. Y el Ministerio que dirige Teresa Ribera se ha encontrado con que no sólo Cepsa, Repsol o Disa (los grupos más afectados) han enviado una batería de argumentos para tratar de tumbarlo, sino que también las eléctricas quieren más.
Según las fuentes del sector consultadas, las eléctricas destacan en sus alegaciones que la creación del fondo es una medida "muy positiva para la descarbonización de la economía, los consumidores eléctricos y el conjunto de la economía nacional", y que sigue las recomendaciones de la Unión Europea.
Pero añaden que el anteproyecto es "un primer paso hacia una necesaria reforma fiscal medioambiental, basada en el principio de quien contamina, paga".
Las eléctricas dicen que los consumidores eléctricos soportan más costes de transición que los consumidores de energías fósiles
"Actualmente quien calienta su vivienda con electricidad paga sus emisiones, mientras que quien lo hace con gas o gasoil no lo hace, a pesar de que sus emisiones son mucho mayores", argumentan.
"La incorporación del daño ambiental en los precios de la energía reducirá el coste de la transición energética y de las subvenciones necesarias para su consecución, y obtendrá fondos adicionales para su aplicación en favor de la transición energética y abaratará la electricidad a los industriales", aseguran.
Además sostienen que el mantenimiento de los impuestos a la generación eléctrica de la Ley 15/2012 "continúa penalizando a la electricidad, que aportará el 50% del FNSSE, siguiendo los consumidores eléctricos soportando más costes de transición que los consumidores de energías fósiles".
También requieren que los importes recaudados por las sanciones deberían destinarse a la financiación del futuro fondo energético. Como informó Vózpopuli, el Anteproyecto contempla multas de hasta 60 millones de euros para las empresas que no cumplan con el fondo.
