El análisis de los tipos del impuesto a grandes fortunas que registraron el PSOE y Podemos en el Congreso el pasado jueves y de las tarifas de Patrimonio de las comunidades autónomas mostraba que afectará a grandes patrimonios de otras autonomías distintas de Madrid y Andalucía, a pesar de que el Ministerio de Hacienda viene asegurando que sólo impacta en las dos regiones gobernadas por el PP que tienen el Impuesto de Patrimonio bonificado al 100%. La cuota que se abona en las comunidades es deducible respecto al Impuesto de Patrimonio. Pues bien, el Consejo General de Economistas-REAF (Registro de Economistas Asesores Fiscales), que celebra sus jornada anuales 2022 este jueves y viernes en Cádiz, ha hecho los números y muestra que el impuestazo afectará a siete comunidades en 2022 y que los ricos de la Comunidad de Madrid y Andalucía pagarán menos o, en algunos casos, lo mismo, que los del resto de autonomías.

La mayor afectación será para los mayores patrimonios. El Reaf ha calculado que aquellos con más de 40 millones de euros se ven impactados por el nuevo impuesto en Cataluña, Asturias, Cantabria, Murcia, Galicia, Madrid y Andalucía. En todas ellas estos contribuyentes pagarán 1,15 millones. La gran diferencia se produce en Madrid y Andalucía, donde no pagaban nada, y en Galicia, donde pagan hasta ahora 674.000 euros.

Sin embargo, destaca que con todo, estos patrimonios de Madrid y Andalucía pagarán lo mismo que los de Galicia y Cataluña y hasta 80.000 euros menos que los de Aragón, Baleares, Canarias, Extremadura, La Rioja, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana, todas ellas, gobernadas por el PSOE. A las que se añade Castilla y León.

En el caso de los contribuyentes con patrimonios de 15 millones, sólo habrá cambios para los de Madrid, Andalucía y Galicia. En las dos primeras regiones pasarán de no pagar a hacerlo en 278.364,07 euros, y en la tercera pagarán lo mismo, 73.036,28 euros más que hasta ahora con su Impuesto de Patrimonio.

Con todo, estas tres comunidades pagarán menos que el resto, hasta 140.000 euros menos que en Extremadura, donde se pagan 418.155,60 euros; casi 100.000 menos que en Baleares, con 375.790,74 euros, y Comunidad Valenciana, con 362.201,57 euros, y 20.000 euros menos que en Cataluña, con 297.463,93 euros.

El Reaf también ha calculado el impacto en patrimonios con 4 millones de un impuesto que empieza a tener efectos desde 3,7 millones de patrimonio. Aquí los afectados son los contribuyentes de Madrid y Andalucía, que pasarán de no pagar a tener que aportar 5.100 euros.

Eso sí, la diferencia con lo que contribuyen el resto de autonomías es de hasta 55.000 euros respecto a Extremadura, donde se pagan 59.919,56 euros; de casi 45.000 euros con Baleares, con 49,997,54, y Comunidad Valenciana, con 49.766,32 euros, o 39.000 euros con Cantabria, donde se contribuye en 44.214,82 euros.

Estos cálculos se han realizado sobre 2022, con lo que Galicia tiene una bonificación del 25% en Patrimonio -todavía no cuenta la del 50% que ha anunciado para 2023-, y en Murcia cuenta su tarifa ahora vigente, cuando acaba de anunciar que bonificará Patrimonio al 100% en 2023.

En lo que respecta a País Vasco y Navarra, a los que se va a transferir el impuesto, los economistas han trasladado que a la espera de ver más actuaciones, de momento Navarra ha anunciado que sube el tipo máximo para equipararse al 3,5% del impuestazo.

Se valorará si se hace permanente

Hacienda valorará si hace permanente el impuesto a los ricos antes de las elecciones generales. Así lo establecen las enmiendas que han introducido los Grupos Socialista y de Podemos a la proposición de ley que crea los impuesto a banca y energéticas. "En cuanto a su ámbito temporal, se prevé una vigencia de dos años, de manera que resulte aplicable en los dos primeros ejercicios en que, a partir de su entrada en vigor, se devengue dicho impuesto, si bien se introduce una cláusula de revisión, para efectuar una evaluación de sus resultados al final de su vigencia y valorar su mantenimiento o supresión", dice el texto.

El impuesto estará en vigor en 2022 y 2023 y será a finales del año que viene cuando habrá que valorar si sigue y se hace permanente, a las puertas de las elecciones generales.

Hacienda ya había advertido de que valoraría si hacerlo permanente, lo que se incluye formalmente en el texto, pero inicialmente le dejaba la decisión al próximo gobierno, cuando preveía que estuviera en vigor en 2023 y 2024. Al haber adelantado su entrada en vigor y devengo un año, será el Gobierno de Pedro Sánchez el que podrá decidirlo justo antes de las elecciones generales.

El impuesto a grandes fortunas afectará a una riqueza neta superior a los 3 millones de euros, 3,7 si se cuentan los primeros 700.000 exentos -con las mismas reglas que el Impuesto de Patrimonio, restando 300.000 euros de vivienda habitual. manteniendo las exenciones a la empresa familiar y el escudo fiscal-, con tres tramos: entre 3 y 5 millones, un 1,7%; entre 5 y 10, un 2,1%, y por encima de 10, al 3,5%.

El potencial recaudatorio que estima Hacienda es de 1.500 millones y los contribuyentes afectados, 23.000, el 0,1%.

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