La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha publicado un informe muy crítico con los nuevos impuestos a la banca y energéticas, que ve irracionales e ideógicos. En un texto de Ángel de la Fuente, señala que el principal problema de la proposición de ley que se ha registrado en el Congreso el 28 de julio es "la arbitrariedad de las nuevas exacciones [impuestos] a dedo".  

Si la proposición de ley se aprueba sin cambios de calado y supera los "seguros recursos judiciales a los que dará lugar", advierte De la Fuente, "se sentarán dos precedentes muy preocupantes que permitirían a cualquier mayoría de gobierno asignar a dedo a sectores (o incluso agentes) específicos cargas de cuantía muy significativa, e interferir con el libre funcionamiento de empresas y mercados para intentar prefijar por ley el reparto efectivo de la carga de un impuesto con independencia de las condiciones de mercado", que a su juicio son las que determinan la incidencia real de los tributos "en una economía no planificada".

En este sentido se pronunciaba ayer Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, en la tribuna 'No contra los ricos: va contra el empleo industrial', en 'El País'.

De la Fuente apunta además que para defender estos impuestos, que la proposición de ley intenta justificar en una exposición de motivos muy extensa, se apela a un pacto de rentas inexistente y se toma partido, lo que alerta de que dificultará las negociaciones salariales.

A juicio de Fedea, los redactores de la proposición demuestran tener "una forma un tanto peculiar de entender los pactos, como algo que puede alcanzarse sin el acuerdo de sus partes". "El pacto de rentas no existe y ni siquiera se ha hecho un esfuerzo medianamente creíble por empezar a negociarlo con los interlocutores sociales y la oposición. [...] Más bien al contrario, la tentativa del Gobierno de imponer, unilateralmente y sin negociación previa, un determinado reparto de costes, arbitrariamente sesgado, además, en contra de dos sectores específicos, es lo más opuesto a la filosofía de un pacto de rentas que quepa imaginar y sólo puede dificultar su consecución", avisa.

Sectores "a ojo"

A continuación, el informe cuestiona los gravámenes en sí mismos y los sectores elegidos "a ojo", y apunta que hay otros más rentables. "El único argumento que se aporta es que los grandes bancos y energéticas incluidos en el IBEX tienen ya "muchos beneficios". [...] El volumen total de beneficios, sin embargo, poco nos dice sobre si estos pueden considerarse o no “excesivos” o al menos atípicos. Si los ponemos en relación con el capital invertido, calculando la rentabilidad sobre recursos propios, vemos que ni los bancos ni las energéticas están entre los sectores más rentables en 2021". 

"Claramente por delante", continúa, "están la industria, el comercio y la hostelería, con rentabilidades en torno a dos puntos superiores, y más lejos aún el sector de información y comunicaciones, cuya rentabilidad más que duplica la de los sectores bancario y energético".

Prohibición de repercutirlos

La prohibición de la repercusión directa o indirecta del gravamen a los clientes, que encomienda vigilar a la CNMC, con la colaboración del Banco de España en el caso de la banca, no le parece a De la Fuente "en absoluto razonable", y recuerda que "las empresas tienen que poder intentar recuperar sus costes para seguir operando, sujetas a las restricciones que imponga la libre competencia en el mercado y la defensa de la propia competencia". 

"Tratar de impedir por ley la repercusión supone un atentado difícil de justificar contra la libertad de empresa, que también está protegida constitucionalmente (artículo 38). Asegurarse de que el incremento en una partida específica de costes no se traslada es misión imposible, pero establecer la obligación de intentarlo puede abrir una peligrosa vía hacia la interferencia directa con decisiones empresariales en las que el Gobierno no debería inmiscuirse", remacha.

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