El Gobierno ha enviado esta semana a Bruselas su Programa de Estabilidad 2019-2022 en el que pronostica que la presión fiscal (el porcentaje que representan los ingresos por impuestos sobre el PIB) subirá desde el 35,7% en 2019 al 37,3% en 2022, lo que supone un incremento de unos 20.000 millones de euros.
Pero esta cifra no supone una subida de impuestos por ese valor, sino un aumento de la recaudación estimada que depende de que se cumpla la previsión de crecimiento económico y de creación empleo, entre otros factores. Si mejora la facturación de las empresas, por ejemplo, suben los ingresos del Estado vía Impuesto de Sociedades, mientras que si crecen el empleo y los salarios aumenta la recaudación por IRPF, incluso si no se han aprobado medidas de aumento de los tipos impositivos.
En esa estimación se parte de la hipótesis de que el Producto Interior Bruto (PIB) crecerá un 2,2% este año, un 1,9% el siguiente y un 1,8% en 2022, y de que la tasa de paro bajará del 14% en 2019 hasta un nivel inferior al 10% dentro de tres años.
Sin embargo, si alguna de estas previsiones varía y es mejor o peor de lo esperado, cambiará con ella la recaudación, pero en caso de que vaya a menos no significará que el Gobierno haya bajado los impuestos, igual que un incremento de la recaudación no implica una subida de tasas.
El Ejecutivo sí contempla cambios en los impuestos (subidas de algunos y bajadas de otros) pero no son novedades que haya planteado ahora, ya que todas sus propuestas estaban contempladas en su proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) que fue presentado en el Parlamento en enero de este año y tumbado posteriormente.
Ahora no se cuestionan sus cálculos
Las medidas impositivas del Gobierno incrementarán la recaudación en 5.654 millones de euros este año, según los cálculos del Ministerio de Hacienda, una cifra que se ha dado por válida ahora para valorar la subida de impuestos de Pedro Sánchez pero que fue cuestionada cuando se presentaron los PGE, ya que muchos organismos afirmaban que sus previsiones de ingresos estaban infladas.
Este incremento, así como el de 20.000 millones de aquí a dos años, parte de la base de que el Impuesto sobre Transacciones Financieras o 'tasa Tobin' aportará 850 millones de euros al año a las arcas del Estado, y que el Impuesto sobre determinados Servicios Digitales o ‘tasa Google’ contribuirá con 1.200 millones de euros. Ninguno de los dos ha entrado en vigor todavía y la Autoridad Independiente de Responsabilidad (Airef) o el propio Banco de España han cuestionado estas cifras.
El Gobierno tiene previsto también limitar las exenciones y la tributación mínima del Impuesto de Sociedades, lo que aportará según sus cálculos 1.776 millones al año; incrementará el IRPF para las rentas superiores a 130.000 y 300.000 euros, lo que revertirá 328 millones; subirá el Impuesto de Patrimonio (+339 millones) y aplicará medidas impositivas para luchar contra el fraude que contribuirán con unos 830 millones de euros. Las medidas de "fiscalidad verde", que por ejemplo gravarán el diésel, aportarán 670 millones.
Restarán a esta suma la rebaja del tipo impositivo del Impuesto de Sociedades para pymes (260 millones menos), la rebaja del IVA de los servicios veterinarios (-35), las medidas de fiscalidad de género y desigualdad (-18), y la rebaja del IVA del libro electrónico (-24 millones).
