Si el Tribunal Supremo decide el próximo 5 de noviembre que las entidades bancarias tienen que afrontar el pago de los Impuestos de Actos Jurídicos Documentados (AJD) de las hipotecas concedidas desde el año 2014, las comunidades autónomas tendrán que devolver el dinero recaudado a los contribuyentes y exigírselo paralelamente a los bancos. En ese impás, las cuentas de las regiones serán las grandes afectadas, puesto que sufrirán un roto que hará que doce de ellas incumplan el objetivo de déficit pactado.
La devolución de estos impuestos, que totaliza los 3.631 millones de euros, se presenta como un gasto inesperado para las comunidades que, en su mayoría, habían cuadrado las cuentas para terminar 2018 con un déficit del 0,4% del PIB, el umbral permitido. Aunque podrían exigir esa misma cantidad a las entidades financieras y generar así un efecto neutro en sus cuentas, lo cierto es que hay bastante incertidumbre sobre si acatarían esta medida del Supremo y en qué momento.
Las más afectadas
Las regiones que se verían más perjudicadas si esta medida se aprueba, aunque sea de forma temporal, serían aquellas en las que se ha concedido un mayor volumen de financiación a través de préstamos hipotecarios.
Según los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), lideran el ránking Cataluña, que debería devolver 832 millones de euros a los contribuyentes, Andalucía, con 743 millones a devolver, y la Comunidad de Madrid, con una factura de 604 millones de euros. Afrontar ese pago llevaría a Andalucía a duplicar su déficit, por ejemplo, y a acabar el año con un desfase del 0,85% del PIB. En el caso de Cataluña, el déficit se iría al 0,76%, mientras que el de Madrid llegaría al 0,66%.
También se disparará hasta el entorno del 0,7% en Aragón (tras la devolución de 116 millones), Cantabria (44 millones) y Castilla La-Mancha (130 millones); hasta el 0,6% en Asturias (58 millones) y Castilla y León (160 millones); y hasta el 0,5% del PIB en La Rioja (con un pago de 16 millones).
Tres que incumplirán igual
Según pronósticos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), hay tres comunidades autónomas para las que esta medida no marcará la diferencia, ya que no serán capaces de cumplir con el techo de déficit incluso si no tienen que adelantar el pago del impuesto de las AJD a sus contribuyentes.
La más señalada es la Región de Murcia, para la que veían “muy improbable” que cumpliera con la cifrra pactada incluso antes de saber que tendrá que abonar 91 millones a los hipotecados de la comunidad; mientras que calificaban de “improbable”, a secas, que la Comunidad Valenciana y Extremadura fueran capaces de cumplir.
Ahora se conoce que la Comunidad Valenciana será la cuarta que mayor cuantía tendrá que devolver a los hipotecados, 361 millones de euros, mientras que la factura de Extremadura ascenderá a 58 millones. Una vez abonadas esas cantidades, las tres incurrirán en un déficit del -0,7%.
Las cuatro que se salvan
Sólo hay cuatro comunidades autónomas a las que afrontar el pago de los AJD no les impedirá cumplir con el déficit o incluso dejarlo por debajo del objetivo fijado.
Destaca entre ellas Canarias, la única región del mapa español con un superávit previsto del 0,8% que bajará al 0,6% tras devolver 91 millones de euros. Baleares, por su parte, también tenía previsto cerrar el ejercicio con un superávit de 112 millones, equivalente a +0,4% de su PIB, pero tras el pago de 178 millones de euros de impuestos su balanza quedará en negativo (aunque por debajo del 0,4%).
Galicia tendrá que devolver 146 millones, con lo que se quedará en el límite, al pasar de un déficit del -0,2% al -0,43%, mientras que en la Comunidad Foral de Navarra los préstamos hipotecarios no están gravados con este impuesto por lo que su impacto es neutro: conseguirán el déficit previsto del -0,4%.
