El plan del Gobierno contra el alza de costes de las construcción está facilitando a las grandes compañías del sector capear la inflación pero no así a cientos de pequeñas y medianas empresas que se están quedando fuera, según alertan fuentes del mercado.
En esa línea apuntan los últimos datos de la Confederación Nacional de la Construcción sobre contratación y licitación de la obra pública el último año. Desde octubre de 2021 hasta septiembre de 2022, unas 2.000 licitaciones de la Administración Pública en todo el territorio se han quedado desiertas, en contraste con las apenas decenas de ellas que lo hacían en años anteriores. Desde la CNC destacan casos como la licitación del Hospital Universitario de Cabueñes en Gijón, que ha encontrado constructor una vez se elevó el presupuesto de 35 a 65 millones.
La patronal estima que la tormenta provocada por la crisis de suministros por la pandemia y la invasión rusa sobre Ucrania ha elevado los precios en promedio un 33%. Al menos 1.939 licitaciones por valor de 882 millones de euros -alrededor del 5% del total- se han quedado en los últimos doce meses sin empresas capaces de llevarlas a cabo.
El grueso de las licitaciones desiertas corresponde a concursos que se han planteado en este mismo 2022 y de los que se beneficiarían pequeñas y medianas empresas -en ayuntamientos y autonomías-
El grueso de ellas corresponde a proyectos que se han licitado en este mismo 2022 y de los que se beneficiarían pequeñas y medianas empresas -en ayuntamientos y autonomías-. Así se desprende del valor medio de las licitaciones desiertas, de unos 455.000 euros, por los alrededor de cinco millones del conjunto de las obras que se han licitado, según estimaciones del mercado a partir de fuentes oficiales.
La revisión llega a las constructoras grandes pero no las pequeñas
Para atajar el problema del alza de costes en la obra pública, el Ejecutivo ha aprobado hasta tres reales decretos de revisión de precios, de alcance limitado según la CNC. Los criterios fijados por el Gobierno alcanzan a menos del 5% de las obras, atendiendo a la patronal.
Entre otras cosas, porque la regulación parece basarse en una tipología de infraestructura de un importe económico especialmente grande y con unos plazos de ejecución particularmente amplios -empresas públicas como Adif sí están pudiendo implementar la revisión de precios, según inciden fuentes del sector de la construcción, que apuntan a una cuestión de prioridades de parte del Gobierno central-.
Solo el criterio de aplicación a obras de más de un año deja fuera al 80%, según la propia CNC. De acuerdo a sus cálculos, una constructora pequeña-mediana suelen operar en escenarios optimistas con márgenes del 5%, por lo que el umbral mínimo de sobrecoste del 5% que fija el decreto es visto como insuficiente.
En la obra privada, los oferentes de obras en España están aplicando incrementos del 23-28% respecto a 2019 para capear tanto la inflación acumulada hasta ahora como la todavía latente incertidumbre respecto a los próximos doce meses
Frente a ello, la patronal de las constructoras urge a eliminar o, al menos, rebajar el umbral mínimo; incluir obras que se ejecutaron durante 2021 y finalizaron antes del 1 de marzo de 2022 y que se han visto igualmente afectadas que las que concluyeron después; e incorpore los precios descontrolados de la energía y otros materiales, cuyo impacto puede llegar a representar el 30% de los sobrecostes. El criterio de revisión fijado por el Gobierno fija como umbral máximo el 20%.
Por contraste, en el sector privado, los oferentes de obras en España están aplicando incrementos del 23-28% respecto a 2019 para capear tanto la inflación acumulada hasta ahora como la todavía latente incertidumbre respecto a los próximos doce meses, según cifras de la mayor consultora inmobiliaria del mundo, CBRE.
