El Gobierno ya ha enviado a la Comisión Europea el informe ex ante de la reforma laboral que le exige la autoridad comunitaria. Lo ha hecho antes de que se cierre la negociación con la parte social el próximo lunes 15 de noviembre. En este documento, el Ejecutivo debe detallar qué pretende reformar del mercado de trabajo y por qué. Entre otros aspectos, debería exponer las deficiencias de la actual legislación sobre negociación colectiva y las opciones para subsanarlas, el punto más peliagudo de la reforma de 2012 que se pretende derogar.
Además, el Gobierno también ha compartido por correo electrónico a Bruselas una evaluación ex ante sobre la creación de un fondo tripartito -con aportaciones públicas, de empresas y de trabajadores- "que garantice la sostenibilidad fiscal a medio y largo plazo" de los ERTE permanente. Ese documento debe incluir diferentes opciones y escenarios ante cualquier posible contingencia a futuro.
La Comisión Europea alaba tradicionalmente la reforma laboral del PP en sus recomendaciones del Semestre europeo. Esta defensa se mantiene en los documentos que ha remitido a España en el Plan de Recuperación, como ha informado Vozpopuli, donde subraya “la necesidad de preservar los elementos de la reforma laboral de 2012-3 que son reconocidos por haber jugado un papel importante en incentivar una recuperación económica rica en creación de empleo que empezó en 2014”.
En este sentido, Bruselas destaca en su escrito que “se espera que el diseño de la reforma apoye la competitividad y la creación de empleo, sobre todo, asegurando que las empresas se pueden adaptar rápidamente a los cambios económicos y de que los salarios son flexibles para adaptarse a los incremento de productividad en el medio plazo”. Y para asegurarse de que así sea, la CE exige a España este informe ex ante.
La reforma laboral, clave para desbloquear los fondos
Pues bien, este informe ya se ha emitido por "email", pese a que aún no se ha cerrado la negociación con los agentes sociales. Así consta en las 'Disposiciones Operativas del Plan de Recuperación' que ha hecho públicas este miércoles el Gobierno, tras finalizar las negociaciones con la Comisión Europea. Este documento, que en todo caso debía enviarse en octubre, es condición 'sine qua non' para desbloquear el primer tramo de los fondos europeos (hasta 11.400 millones) antes de que acabe el año.
De momento, España sólo ha recibido un anticipo de 9.000 millones. Ya de cara a 2022, el Gobierno podrá solicitar otros 20 millones, pero tendrá que demostrar que está cumpliendo a 'raja tabla' las inversiones y reformas prometidas a Bruselas. Para asegurarse, la Comisión Europea se reunirá trimestralmente con el Ministerio de Hacienda y podrá solicitar encuentros 'extra' para tratar "reformas concretas", como la laboral y la de las pensiones.
Bruselas es clara sobre la obligación de que esta reforma se haga con el consenso de los agentes sociales. Pedro Sánchez se comprometió por escrito ante Bruselas a aprobar una reforma laboral que no ponga "obstáculos desproporcionados para las empresas", tranquilizando a la Comisión respecto a la “modernización de la negociación colectiva” que, según dice, quiere “mejorar" tras "un proceso de diálogo social”.
