El anteproyecto de Ley del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid para habilitar la promoción de viviendas en suelos con uso de oficinas ha sido en general bienvenido por el inmobiliario, aunque con algún recelo que se está volviendo un verdadero obstáculo a las perspectivas del plan, de acuerdo a fuentes del sector.
Las suspicacias de los promotores han emergido en torno a un punto concreto pero importante del anteproyecto de ley madrileño que prevé el cambio de uso de parcelas de terciario/oficina a residencial y que podría ya debatirse en Asamblea a finales de verano.
Se trata del inciso séptimo del apartado segundo en el anteproyecto, el cual establece el marco vigente para las viviendas una vez transcurrido el obligatorio periodo de arrendamiento con protección pública durante 15 años.
"Inseguridad jurídica"
El actual anteproyecto del Partido Popular establece que, pasados los citados 15 años, los propietarios de las viviendas deberán instar ante el ayuntamiento correspondiente la incorporación de la parcela del uso residencial alternativo al terciario o la modificación de la calificación de la parcela, "en los términos que se exijan en la legislación urbanística en aquel momento".
Agentes del sector promotor, representado en Madrid por Asprima, entienden que el citado inciso deja la viabilidad a largo plazo de las potenciales promociones en manos del signo político de turno, lo que redunda en una difícilmente sorteable "inseguridad jurídica" y una "dificultad añadida" a los límites a la rentabilidad que plantea la obligada protección inicial.
De acuerdo a las fuentes consultadas, en el Ejecutivo regional se está buscando una "solución" a este reclamo de las promotoras que, en palabra de una de las empresas del sector, amenaza con "echar por tierra el plan de choque" de Ayuso.
En su presentación del mismo, el Ejecutivo regional se fijó el objetivo de aprobar la Ley este año con vistas a la promoción de unos 20.000 pisos asequibles en toda la región.
