La presión para que España pida su rescate tiene un sabor a déjà vu que no distingue colores políticos. La canciller Angela Merkel está repitiendo con Mariano Rajoy una estrategia idéntica a la que usó con José Luis Rodríguez Zapatero al que –según sus palabras—llegaron a “meterle 50.000 millones en el bolsillo a cambio de que pidiera el rescate”, según revelan fuentes del entorno del expresidente.
En su último año de Gobierno, Zapatero fue empujado hacia la intervención en dos ocasiones, según revelan esas fuentes: la primera vez, el 3 de febrero, en un encuentro bilateral entre el expresidente y la Canciller, en el que Alemania ofreció una “línea de crédito”. En aquella ocasión, el expresidente rechazó el rescate ante las condiciones que traería aparejadas, una condicionalidad que el nuevo Ejecutivo niega.
"Me llegaron a meter 50.000 millones en el bolsillo", confiesa Zapatero a su entorno
Consciente de que la presión para forzar el rescate había comenzado abiertamente, el anterior equipo económico comenzó a elaborar propuestas alternativas para discutir con Berlín, según confirman fuentes del anterior equipo económico. La vicepresidencia planteó entonces dos esquemas encaminados a aliviar la presión sobre el sector financiero español que ya era percibido como el principal problema al que se enfrentaba la economía española:
- El primero, una inyección directa de la Unión Europea a la banca que Angela Merkel rechazó desde el primer momento
- La segunda, la posibilidad de que el Estado español avalara con títulos de deuda a sus bancos, unos títulos que serían canjeables por derechos en el Banco Central Europeo.
Alemania utilizó la letra del Tratado de la Unión Europea para negar ambas posibilidades. El Tratado sólo permite la inyección de fondos a los Estados y son ellos los que deben trasladarlos a la banca.
El segundo intento de forzar la intervención de España ocurrió el 15 de julio de 2011. Fue en el marco de la reunión que celebró el eurogrupo. Alemania planteó entonces una evaluación “independiente” del sistema financiero español a la que el Ejecutivo anterior se negó usando el argumento alemán: “la letra del Tratado de la Unión no lo permite”, concluyó en su momento la Oficina Económica de Moncloa.
Según la lectura que el anterior equipo hizo del Tratado, la ley europea sí habla de “informes independientes” pero no contempla su “externalización” sino que debían ser elaborados por los bancos centrales. Por ese motivo, el Ejecutivo rechazó las presiones que interpretaba como una pérdida de soberanía.
Las mismas presiones al Gobierno Rajoy
El Ejecutivo del Partido Popular ha vivido las mismas presiones pero las ha sorteado de manera distinta en ambos frentes, jugando con la experiencia anterior. A primeros de mayo, el comisario de Economía, Oli Rehn, trasladó al Economía la necesidad de nombrar a una (sólo una) auditora externa que emitiera un dictamen definitivo al margen del Banco de España, tal como se había hecho con Irlanda, donde el problema bancario era también capital.
El Gobierno consiguió nombrar un segundo auditor para evitar quedar en manos de una sola tasadora
Pero, según han revelado a Vozpópuli fuentes de la negociación, el Ejecutivo consiguió atenuar esa exigencia que hubiera dejado la valoración de todo el sector financiero español en manos de una sola compañía. El ministro Luis de Guindos logró imponer un segundo auditor con el argumento de que “la tasación de España no podía quedar en manos de una sola institución”.
La resistencia de Economía duró dos semanas y dio finalmente sus frutos. Bruselas se plegó a la exigencia española y el Gobierno anunció la doble auditoría a mediados de mes. El 20 de mayo, Oliver Wyman y Roland Berger fueron finalmente las designadas tras un proceso de selección que también quedó en manos del Ejecutivo español. Ambas presentarán sus valoraciones este jueves.
