Nuevo motivo para la polémica por la resolución de Banco Popular. El organismo responsable, la Junta Única de Resolución (JUR), ha decidido no poner en marcha las dos valoraciones pendientes del banco, según un escrito al Tribunal de Luxemburgo al que ha tenido acceso Vozpópuli.
Se trata de las versiones finales de la valoración 1 -hecha en junio de 2017 por la propia JUR- y la valoración 2, de Deloitte, en la que la auditora estimaba un rango de valoración del Popular de entre +1.300 millones y -8.200 millones.
Al ser dos informes que se hicieron "en un periodo de tiempo extraordinariamente corto", como reconoció la propia Deloitte, los inversores que perdieron su dinero esperaban valoraciones definitivas, como establece el Reglamento europeo del Mecanismo Único de Resolución: "Esta valoración definitiva a posteriori se efectuará tan pronto como sea posible".
Pero, según el escrito remitido al Tribunal de Justicia de la UE, la JUR no considera relevante realizar las dos nuevas valoraciones.
Los antiguos accionistas del Popular creen que la JUR está incumpliendo un reglamento europeo
"La JUR no preparará una Valoración 1 a posteriori. La JUR recuerda al respecto que la finalidad de la Valoración 1 es informar sobre la determinación de si se cumplen las condiciones para la resolución. En el caso que nos ocupa, la Valoración 1 fue preparada para informar la determinación si el Banco Popular se encontraba en graves dificultades o probablemente fuese a estarlo", expone el fondo de rescate europeo en su escrito. Por ello, califica "superfluo" el nuevo informe.
Abogados consultados por este medio señalan que superfluo o no, es obligatorio que se haga esta valoración. Y recuerdan que la JUR señalaba en su Valoración 1 a priori que Popular era solvente, pero atravesaba una extrema crisis de liquidez.
Plazo de alegaciones
En cuanto a la Valoración 2, la JUR defiende que "no cumpliría ninguna finalidad práctica". Ésta exigiría que Deloitte vuelva a valorar Popular en resolución en tres escenarios, esta vez sin prisas.
Esta decisión del fondo de rescate europeo ha encendido los ánimos de los grandes inversores que pleitean en Europa: Del Valle, Luksic y fondos norteamericanos, entre otros. El Tribunal europeo les ha dado hasta el 24 de septiembre para presentar alegaciones al escrito de la JUR.
En lugar de estos dos últimos informes clave, el organismo presidido por Elke König se ciñe al informe de Valoración 3 que hizo Deloitte, que estimaba que si Popular hubiera ido a concurso hubiera costado entre 23.000 y 34.000 millones a sus acreedores. Para los afectados, este informe no tiene valor, ya que se basa en algo que nunca debería haber ocurrido.
Esta cuestionada decisión de la JUR se suma a otras como la de censurar parte de la documentación de la resolución y a las polémicas declaraciones de König semanas antes de la caída del banco.
