Se puso en marcha el año pasado, pero tras la petición del PDeCAT se prorrogó por segunda vez hasta este año la nueva forma de calcular el impuesto de matriculación. Y es que la normativa europea para medir el consumo y las emisiones basada en el ciclo WLTP  se ha traducido en un aumento de los coches gravados por el impuesto de matriculación y del precio de los mismos. Un cambio que ha hecho que vehículos que hasta la fecha estaban exentos del pago del impuesto han dejado de estarlo desde el pasado enero, mientras que aquellos que ya lo pagaban cambian de tramo impositivo a uno superior.

Como señalaba la propia web de la DGT, con la antigua norma vigente desde 1992 el 36% de los vehículos estaban por debajo del nivel de emisiones mínimo y, por lo tanto, no tenían obligación de pagar el tributo. Desde el pasado 1 de enero y con la WLTP como base, tan solo estarán libres de impuesto los vehículos cuyas emisiones no superen los 120g/km aumentando el porcentaje de modelos que tienen que pagarlo hasta cerca del 90%.

Por ello, y viendo el mal comienzo del ejercicio, la patronal de concesionarios Faconauto ha rechazado esta subida del Impuesto de Matriculación iniciada en enero pasado que, a su juicio, podría hacer perder la venta de hasta 100.000 coches este año. Una preocupación en un momento marcado por la crisis de los chips y que está provocando una ralentización del mercado que está afectando a los concesionarios españoles.

Por ello, Faconauto ha pedido que los fondos europeos de recuperación del Perte del Vehículo eléctrico y conectado (VEC) lleguen también a los concesionarios para que estos puedan contribuir a la recuperación real y a una transformación de la economía. La propuesta la ha hecho el presidente de esta patronal, Gerardo Pérez, en la inauguración del XXXI Congreso de Faconauto, al que ha asistido la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, a quien ha agradecido el PERTE VEC.

Ayudas comunitarias

Según Pérez, los concesionarios, que están desarrollando grandes proyectos de transformación, no están encontrando el respaldo ni la facilidad de acceso a los fondos europeos. Por ello, ha reclamado un mecanismo para que las ayudas comunitarias lleguen a toda la cadena de valor del automóvil, particularmente a las pymes, como los concesionarios.

Para el presidente, si no se toman las medidas necesarias -priorizar la demanda para lograr un mercado robusto o implantar una fiscalidad que evite que costes laborales resten competitividad y que rejuvenezca el parque automovilístico- la industria del automóvil no se recuperará hasta 2024 por la crisis de los semiconductores, lo que afectará a toda la economía.

También ha reclamado seguridad jurídica y equilibro entre las marcas y los concesionarios, ya que es mucho lo que está en juego, como los 125.000 empleos de la distribución o el futuro de las 35.000 familias que están pendientes de la restructuración de Stellantis. De la reforma laboral ha dicho que no es buena noticia, ya que se ha decidido sin "ponerse en la piel" de las empresas más pequeñas al priorizar los acuerdos sectoriales.