El Ejecutivo pretende descargar los juzgados de una carga muy pesada en tiempos de crisis: la que suponen entre 12.000 y 14.000 procesos concursales fruto de la quiebra de empresas. Por ese motivo, la nueva Ley de Emprendedores pretende incluir una modificación legal que permitirá la liquidación de una compañía en un plazo inferior a tres meses introduciendo la figura de los mediadores concursales.
Para ello, Justicia prepara un registro de mediadores inscritos ante el ministerio y cuya lista se publicará en el B.O.E. a los que se asignarán casos por sorteo para que resuelvan la liquidación de una compañía. Esos mediadores tendrán un plazo de 12 semanas para emitir una resolución de reestructuración de las deudas a los acreedores. Si más del 60% de los acreedores aceptan las quitas de esa propuesta, la liquidación de la compañía se realizará sin pasar por los tribunales. Si no hay acuerdo, el proceso concursal seguirá el procedimiento judicial habitual.
El coste del arbitraje correrá a cargo del deudor y será "muy barato"
Los costes del arbitraje correrán a cargo del deudor lo que supondrá una carga adicional a empresas ya insolventes. Sin embargo, fuentes de Justicia aseguran que el coste de ese arbitraje, todavía por determinar, será “muy barato” y representará un porcentaje menor del monto total de la deuda pendiente de pago.
El Gobierno pretende aplicar el sistema tanto a personas físicas como jurídicas sin límites de facturación o de deuda. “Sólo las situaciones de especial complejidad entre los acreedores quedarán fuera de este procedimiento”, afirman fuentes de Justicia. Esas situaciones suelen estar concebidas para los casos de las 4.000 grandes empresas que operan en España frente al millón de pymes que operan en el país o a los tres millones de autónomos con actividad registrada en España.
7 fracasos antes de un éxito
La filosofía del Gobierno es la de facilitar la conocida como “segunda oportunidad” para los emprendedores. Según las estadísticas del Ejecutivo, en países como Estados Unidos se registran hasta siete fracasos antes de un éxito.
Por ese motivo se concibió la figura de la responsabilidad limitada de los empresarios, adelantada por Vozpópuli el 12 de abril, con la que el Gobierno quiere limitar el alcance de las situaciones de insolvencia a fin de favorecer nuevos proyectos de emprendimiento.
