La creación de empresas seguirá requiriendo un trámite ante notario para los emprendedores. Quienes constituyan una sociedad limitada seguirán necesitando una autorización notarial por la que deberán abonar 60 euros además de los 40 euros que les costará el registro mercantil telemático, después de los cambios introducidos por Moncloa en el proyecto original, según han revelado fuentes de los ministerios de Industria y Economía.
Oficialmente, todos los ministerios implicados defienden ese trámite: el ministerio de Justicia asegura que es “una fórmula de dar garantías y seguridad jurídica a la constitución de sociedades” y el de Economía afirma que pese al sobrecoste, el gasto de constituir una empresa seguirá siendo “inferior a la media de la OCDE que está en seis días”. Sin embargo, fuentes de la elaboración de la norma aseguran que el cambio de opinión es fruto de las presiones ejercidas por el Palacio de la Moncloa que ha forzado a los ministerios implicados a incluir ese trámite notarial.
En la práctica, eso significa que lo que la constitución de empresas on-line será más cara y más lenta de lo inicialmente anunciado:
- Seguirá requiriendo un trámite presencial y, sobre todo, seguirá reportando a los notarios unos ingresos de unos 5 millones de euros anuales si se mantienen los 80.000 trámites corporativos que se registran anualmente en España en la actualidad. En los años de mayor bonanza, las constituciones han supuesto 120.000 operaciones al año, es decir, unos ingresos notariales de unos 7,2 millones de euros.
- El segundo efecto práctico será el de dilatar el proceso de constitución de empresas. Lo que el Ejecutivo presentó como “la creación de sociedades en 24 horas” pasará a llevar ahora 48 horas: 12 para el asesoramiento y autorización del notario, 6 para la inscripción en el registro y el resto para la resolución y aprobación de esos trámites.
Los notarios vivieron una batalla con el Ejecutivo a raíz de la intención del ministerio de Justicia de traspasar a los registradores la propiedad de esos registros. Entonces, el presidente del Consejo General del Notariado, José Manuel García Collantes, criticó el proyecto por suponer “mayor burocratización, mayores trabas y barreras, cuando la situación económica aconseja lo contrario”.
LA NORMA PUEDE TARDAR MESES EN LLEGAR
La norma puede tardar meses en llegar La Ley de Emprendedores sigue retrasándose y aunque el Gobierno asegura oficialmente que está “casi lista”. Los departamentos de Justicia e Industria que colaboran en su elaboración han pedido sendos informes consultivos a sus organismos antes de llevar el texto final al Consejo de Ministros que debe iniciar los trámites parlamentarios. Justicia ha pedido sendos dictámenes al Consejo General del Poder Judicial y al Consejo Fiscal mientras que Industria ha pedido que se pronuncien la Comisión Nacional de Competencia y el Consejo Económico y Social. Las observaciones de esos organismos pueden retrasarse varias semanas todavía. Después de recibir esos textos, los dos ministerios deberán reunirse de nuevo e introducir los cambios que estimen antes de elevar la norma al Consejo de Ministros y, finalmente, al Parlamento.
El resultado práctico es que la aprobación de la norma puede tardar todavía meses en llegar pese a que el presidente del Gobierno prometió que sería su primera ley hace 17 meses y que la vicepresidenta del Gobierno ya la ha presentado oficialmente ante la prensa en el Palacio de la Moncloa.
