Bayer continúa defendiendo la labor de Monsanto. Este jueves, la compañía alemana, que se hizo con el fabricante del herbicida glifosato a finales del año pasado, ha asegurado en un comunicado que las 'listas negras' con datos de personas críticas a Monsanto que elaboró la empresa estadounidense no son ilegales y que sólo contienen información pública.
En un comunicado, Bayer ha precisado que el bufete de abogados Sidley Austin LLP ha concluido su exhaustivo análisis de más de 2,4 millones de archivos relacionados con los listados y asegura no haber hallado datos "sensibles" sobre las 1.475 personas que figuran en ellos, de las cuales 144 son españolas.
Según el informe del bufete de abogados citado por Bayer, no existe duda de que "las listas elaboradas eran detalladas, metódicas", aunque asegura que tenían como único objetivo "defender claramente las posturas de Monsanto frente a grupos de interés y la opinión pública".
En ese sentido se ratifican en su postura y afirman no haber encontrado indicios "que sustenten las acusaciones de los medios franceses en cuanto a que las listas eran ilegales".
De acuerdo con el documento elaborado a petición de Bayer, tampoco hay pruebas de que esas listas hubiera sido elaboradas con información obtenida de manera ilegal, sino que todos los datos proceden de datos públicos y las redes sociales de los sujetos en cuestión.
"No hemos encontrado evidencias en relación con las acusaciones de que las listas incluyen aficiones u otros datos personales de interés", afirman en el informe.
"Más transparencia"
Según el director de relaciones públicas y sostenibilidad de Bayer, Matthias Berninger, "la conclusión y publicación de la investigación constituyen otro paso importante más para crear transparencia".
Bayer considera, además, que en base al informe del bufete de abogados, los empleados no infringieron la ley entonces vigente ni órdenes internas de Monsanto. Las listas en cuestión fueron elaboradas entre 2016 y 2017 por una agencia privada por encargo del fabricante de herbicidas. Monsanto encargó la investigación cuando trataba de lograr una nueva aprobación de su producto estrella, Roundup, en el mercado europeo.
Por aquel entonces, ya habían saltado el escándalo en numerosos medios de comunicación y estudios independientes que apuntaban que el glifosato, el principal componente de Roundup, era cancerígeno. Cientos de personas demandaron a la compañía.
Más de 18.400 demandas
El año pasado, Bayer adquirió Monsanto en plena crisis por 63.000 millones de dólares (unos 59.000 millones de euros) y se enfrenta actualmente a 18.400 demandas en relación con el herbicida Roundup.
Desde agosto de 2018, tres tribunales han condenado a Bayer a pagar cuantiosas indemnizaciones, ya que han considerado que sí existe relación entre el uso del glifosato y el cáncer que han sufrido miles de afectados.
En mayo, la farmacéutica alemana encargó al bufete Sidley Austin LLP investigar estos listados tras las acusaciones aparecidas en los medios en cuanto a que contenían datos confidenciales y privados.
Entre el 31 de mayo y el 9 de agosto, el bufete contactó a las 1.475 personas que figuran en las listas, entre ellas, además de las 144 en España, 466 en Francia, 202 en Alemania, 152 en Polonia, 93 en Reino Unido, 51 en Italia, 20 en Holanda, 4 en Bélgica, 3 en Estados Unidos, 1 en Suiza y otras 339 en una lista de instituciones de la UE de diferentes nacionalidades europeas.
