“Una cosa es el mensaje político y otra la realidad de las medidas”, define a Vozpópuli una gran empresa del Ibex sobre el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar. Las empresas buscan estos días más detalles del plan económico del futuro Gobierno para preparar su estrategia para la próxima legislatura. Un plan para el que han activado a sus lobbies, que han activado en privado sus contactos en Moncloa, ya que no confían en la estrategia que está siguiendo la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

“La CEOE está paralizada”, explican fuentes conocedoras de estos encuentros. “Las empresas, y sobre todo las grandes, consideran que la agresividad contra el sector privado y la idea de atacar la economía de mercado necesita una respuesta contundente, que no llega desde la gran patronal”, añaden. Las empresas apuntan que los “tibios” mensajes en contra de la amnistía y la reducción de la jornada laboral no es suficiente ante los líderes del futuro Gobierno. 

Este mismo miércoles, la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), integrada dentro de la CEOE, ha salido en defensa de esta reivindicación empresarial. Esta organización empresarial ha avisado de forma independiente del peligro del acuerdo de Gobierno del PSOE con Sumar y de la posibilidad de condenar el 20% de la deuda a Cataluña. Una denuncia mayor que la de la propia CEOE, que es lo que esperaban gran parte del tejido empresarial con sede en Madrid. 

Las grandes empresas y sus lobbies buscan que la parte más técnica de Moncloa les concrete qué recorrido tiene ese 15% efectivo de tributación sobre el resultado contable de las grandes empresas en el impuesto de sociedades. La extensión del gravamen temporal a la banca a las energéticas o la reducción de la flexibilidad en el mercado laboral son otros dos frentes que “asustan” a las grandes empresas. 

Por último, el plan de crear organismos reguladores al sector energético o al de telecomunicaciones se observa como “nuevos comisionados políticos” para vigilar al sector privado. “Pero, más allá del susto de los titulares, lo que se busca ahora son detalles y, si se convierten en leyes, se buscará todas las vías para respetar la economía de mercado en España”, explican fuentes conocedoras de estos contactos. 

Los lobbies de las energéticas 

El sector más ruidoso en ese proceso son las energéticas. Aunque la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (aelēc), que integra a empresas como Endesa e Iberdrola, o la patronal Sedigas, que lidera Naturgy, prefieren mantener la prudencia pública sobre los anuncios políticos que se van conociendo en esta negociación. Dos patronales que, en 2022 con la llegada del ‘impuestazo’, que el acuerdo de Gobierno quiere convertir en permanente, no tuvieron ningún reparo en mostrar su oposición y anunciar sus respectivos recursos judiciales. 

La tercera rama energética ha sido la más contundente. 2023. La Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), que lideran Repsol, BP y Cepsa, advirtió esta semana de las “lesivas consecuencias” de este pacto en su acuerdo.

“La prolongación del gravamen extraordinario y temporal a las compañías energéticas (recogida en el acuerdo entre las dos formaciones políticas que aspiran a formar Gobierno) castigará la competitividad del sector, el proceso de transformación de la industria, así como el empleo, la autonomía energética de España y en el cumplimiento de los objetivos de descarbonización del país”, denunciaban públicamente la patronal de los petroleros.

Un grupo empresarial que “va por libre”, según explican a este medio desde el sector, al depender en menor medida del "BOE" o la regulación que aprueban los gobiernos de turno. Las empresas ‘hiperreguladas’ se mueven en sigilo con sus lobbies, están muy pendiente del papel del PNV en el acuerdo de investidura y preparan su estrategia para defender sus intereses si este “ataque al sector privado”, como lo consideran, se consuma. 

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