Competencia echa un jarro de agua fría al nuevo Gobierno. Devolver a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) las competencias sobre la gestión de los peajes eléctricos hará más transparente el precio de la luz, pero no lo abaratará necesariamente.
El recibo de la luz va a ser una de las prioridades del Ministerio de Transición Ecológica con vistas a lo que resta de legislatura. El departamento que dirige Teresa Ribera trabaja en encontrar fórmulas que permitan cambiar el escenario que actualmente se presenta en España, que cuenta con una de las facturas más caras de la Unión Europea pese a que los precios de la energía no son ni mucho menos los más elevados.
Para ello, el Ministerio de Transición Ecológica anunció este jueves que trabaja para desactivar las medidas adoptadas por el Gobierno anterior respecto a reservarse la fijación de los peajes electricos, en detrimento de la CNMC.
Durante su participación en los cursos de verano de la UIMP, organizados por la APIE y BBVA, el presidente de la autoridad de Competencia, José María Marín Quemada, ha expresado considera que está decisión es "extraordinariamente positiva" por lo que ha mostrado públicamente su agradecimiento a Ribera, aunque cree que la medida no tiene por qué abaratar el precio de la luz.
"Lo que tienen que hacer (los precios) es lo que el mercado determine, y deben subir y bajar, y lo harán con transparencia y se explicará", ha manifestado Marín Quemada, que agradece que los peajes eléctricos, con los que se financian partidas como el déficit de tarifa y los costes de las extrapeninsulares, "no serán un instrumento político al servicio de nadie" con esta decisión.
"Lo que el consumidor tiene que saber porque las cosas suben y porque bajan (...) Utilizar los peajes como instrumento político es algo que está pasado de moda, se ha dejado de hacer en toda Europa", ha agregado el presidente de la CNMC.
La decisión de devolver la gestión de los peajes eléctricos a la autoridad de competencia ha sido anunciada a Bruselas y busca evitar que el expediente sanciónador que abrió la Comisión Europea a España por este hecho, que va en contra de la normativa europea, acabe en una sanción económica para el Estado.
