El Fondo de Reserva de la Seguridad Social, popularmente conocido como la 'hucha de las pensiones', lleva años bajo mínimos. Fue creado en 1997 para ahorrar capital en épocas de bonanza económica y utilizarlo para pagar las prestaciones contributivas en los momentos difíciles, cuando se produzcan desfases en los gastos del sistema, como se espera que ocurra con la jubilación de los babyboomers.

Sin embargo, ahora que nos acercamos a ese momento, los datos reflejan que nuestro país es el que menos preparado está para el futuro de las pensiones. Según refleja la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en su último informe Pensions at a Glance 2023, que se actualiza cada dos años, el Fondo de Reserva español apenas contaba con unos 2.500 millones de euros, el 0,2% del Producto Interior Bruto (PIB) del país. 

Es el menor porcentaje de todos los países que tienen este sistema y de los que hay datos disponibles. En el conjunto de la OCDE, la media de estos fondos de reserva públicos es del 11,7% del PIB. Y la situación es preocupante teniendo en cuenta que España es uno de los países que más envejecerá en las próximas décadas, frente a casos como el de Francia o Alemania, que van más adelantados en ese proceso. En ambos países, los fondos de reserva se elevan al 3,4% y 1,1% del PIB, respectivamente.

La reforma de pensiones llevada a cabo por el ministro José Luis Escrivá, hasta el año pasado al frente de Seguridad Social, pretende recuperar fondos en esta hucha con la sobrecotización asociada al Mecanismo de Equidad Intergeneracional, con un descuento adicional en nómina actualmente del 0,12% y otro 0,58% a cargo del empleador. Esta reforma contó con el apoyo de los sindicatos y el rechazo de la patronal, cuyo servicio de estudios, el IEE, calculó un impacto negativo en el empleo de 190.000 puestos de trabajo.

Con esta medida, el Gobierno espera incrementar la recaudación entre 2.000 y 3.000 millones de euros anuales. La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, anunció el pasado mes de enero que la hucha de las pensiones va a crecer de forma significativa y superará los 25.000 millones de euros al final de esta legislatura. Según dice, este mismo año tendrá una cuantía de 9.000 millones. "El Fondo de Reserva es el mejor indicador de fortaleza del sistema de pensiones", añadió. 

Sin embargo, sólo las pensiones contributivas cuestan al mes más de 12.000 millones de euros (cerca de 170.000 millones al año). Si se suman las no contributivas y las clases pasivas, la factura se acerca ya a los 200.000 millones, especialmente tras el fuerte incremento en el gasto que también ha supuesto la reforma de pensiones. Desde 2022 se actualizan con el IPC del año anterior, justo en los años de mayor inflación en décadas, lo que ha acarreado un sobrecoste estructural de más de 25.000 millones.

De este asunto ha alertado la Comisión Europea en un informe sobre España. Los técnicos del Ejecutivo comunitario advierten de que "volver a vincular las pensiones a la inflación plantea riesgos adicionales de sostenibilidad fiscal para el futuro, aunque en la legislación se prevén 11 acciones específicas para compensar el impacto de posibles mayores gastos". La reforma de las pensiones aprobada por el actual Gobierno está pendiente de ser evaluada por la Comisión en el marco del cuarto pago de fondos UE. 

Las pensiones más generosas de la OCDE

A esto se suman también otros factores, como el hecho de que España es el segundo país de la OCDE más generoso con sus pensionistas, con una tasa de reemplazo bruta del 80,4%, sólo por detrás de Grecia (80,8%). Esta tasa mide los ingresos por jubilación en relación con los ingresos cuando se trabaja. O dicho de otra forma: refleja que la pérdida de poder adquisitivo que sufren los jubilados cuando abandonan el mercado laboral es cada vez menor.

Respecto al último informe publicado en 2021, España ha avanzado cinco posiciones, pasando de tener la séptima tasa de reemplazo bruta más elevada (73,9%) a la segunda. En el conjunto de la OCDE la tasa se sitúa en el 50,7%, lo que significa que en la media de los países reciben prácticamente la mitad de lo que cobraban como trabajadores.

En términos netos, si se descuenta el IRPF en las prestaciones y salarios junto a las cotizaciones sociales en el último caso, la tasa de reemplazo de España asciende hasta el 86,5% y continúa a la cabeza del ranking, aunque ya en sexta posición, según el informe que publica la OCDE este miércoles. Hace dos años esta tasa era la décima más alta de la OCDE al situarse en el 80,3%. Es decir, se ha elevado en 6,2 puntos y ha escalado cuatro posiciones.

La OCDE recuerda que el gasto representa el 12% del Producto Interior Bruto (PIB), pero advierte de que las proyecciones a largo plazo elaboradas por la Comisión Europea en 2021 (Ageing Report) se verán revisadas, previsiblemente, al alza por la reforma de las pensiones. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) alertó de que superará el 16% del PIB en los momentos de mayor tensión, con la jubilación masiva de los babyboomers.

La sostenibilidad del sistema en España

Tanto la AIReF como el Banco de España (BdE), además de varios servicios de estudios nacionales, han cuestionado la sostenibilidad del sistema tras la reforma. La AIReF consideró que los gastos adicionales en los que incurrirá el sistema prácticamente duplicarán el incremento de ingresos previsto, y esto hará que se incremente el déficit público en 1,1 puntos del PIB en 2050 y en otro punto en 2070, y se dispare la deuda hasta el 186% del PIB.

Los datos publicados por el Banco de España (BdE) ya reflejan un incremento de la deuda de la Seguridad Social del 182% en los últimos cinco años. A principios del año pasado rompió la barrera de los 100.000 millones y actualmente acumula más de 116.000 millones de euros, récord histórico. Fue el pasado mes de noviembre cuando esa cifra registró un gran salto, del 9%, por el préstamo de 10.000 millones que necesitó del Estado para pagar la nómina 'extra' de las pensiones a finales de año. 

La Seguridad Social mantuvo sus niveles de deuda estables, en torno a los 17.000 millones de euros, durante décadas; pero en 2017 se encontró sin dinero suficiente en la 'hucha de las pensiones' para pagar la extra de verano a los pensionistas y recibió el primer préstamo del Estado. Este se sucedió de muchos otros para poder afrontar el creciente coste.

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha alertado de que "el déficit de la Seguridad Social está en torno a los 48.000 millones (a precios de 2019), casi el 4% del PIB, absorbe en torno a un tercio de los ingresos tributarios totales del Estado y supone una parte sustancial del déficit total del conjunto de las administraciones públicas".

Sin embargo, lo peor está aún por llegar: el gasto empezará a acelerarse especialmente a partir de 2035, con el apogeo de la jubilación de la generación babyboom, y alcanzará su máximo en 2049. Tendrá una población envejecida y menos trabajadores sosteniendo el sistema público de pensiones (dentro de 28 años tendrá 77 jubilados por cada 100 habitantes en edad de trabajar, y en 2082 esa proporción se elevará a 85 por cada 100).

En este sentido, la Comisión Europea sitúa a España como un país con "alto riesgo" en la sostenibilidad fiscal a medio plazo, y con riesgo general en el largo plazo. En este último caso, debido principalmente al aumento previsto de los costes de envejecimiento. Pese al aumento progresivo de los años necesarios de cotización, ya se jubilan cada año alrededor de 150.000 personas. En total hay 7 millones de jubilados y se espera que alcancen los 15 millones al final del periodo.

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