El modelo de Madrid Central, que tantas heridas ha abierto en la política madrileña, se replicará en el resto de España. El Gobierno que lidera Pedro Sánchez, a través del Ministerio de Transportes, ha lanzado un plan de ayudas con fondos europeos para que los municipios de más de 50.000 habitantes inviertan en las llamadas ‘Zonas de Bajas Emisiones’.
El presupuesto destinado para la expansión de este modelo es de 1.000 millones de euros. Aunque el Gobierno ya tiene programado un segundo plan de ayudas con el mismo propósito de 500 millones en 2022 hasta completar los 1.500 millones que se habían presupuestado de los fondos europeos para esta tarea.
Los municipios que quieran replicar el modelo de Madrid Central o la zona de baja en emisiones que hay en Barcelona deberán contactar con el equipo de Raquel Sánchez, actual ministra de Transportes, para pedir su subvención. Este plan busca "fomentar una distribución urbana de mercancías sostenible y a promover la introducción de un concepto de movilidad inteligente adaptada a los nuevos hábitos, con el impulso de la digitalización para planificación, gestión y evaluación", explican desde el Gobierno.
Pese al gran debate político que se ha creado en Madrid en torno a este proyecto, que puso en marcha la administración Carmena y que ha reformado el equipo de Almeida, es un modelo extendido en ciudades europeas Berlín, París, Bruselas o Ámsterdam. Estas zonas de bajas emisiones son espacios, normalmente situados en el centro de las localidades, a los que no pueden acceder los vehículos más contaminantes, en general los más viejos.
El modelo Madrid Central será obligatorio
La apuesta de estos fondos europeos va en línea con la nueva Ley de Cambio Climático, que obligará a todas las ciudades españolas con más de 50.000 habitantes a contar con una antes de 2023. Por ello, las fechas que se manejan para esta transformación son: presentar el proyecto antes de octubre de 2021 y finalizar los proyectos antes de 2025.
Los municipios pueden pedir como mínimo 200.000 euros en cada proyecto de creación de estos proyectos semejantes a Madrid Central, aunque el Gobierno no ha establecido el máximo que puede solicitar cada ciudad. En el caso de que la propuesta sea presentada por una agrupación de municipios, sí hay un límite que es de 40 millones.
Los fondos europeos serán los encargados de financiar las principales infraestructuras que se necesitan para la puesta en marcha de estas Zonas Bajas en Emisiones. En concreto, las principales construcciones en las ciudades serán los controles con semáforos o los sistemas de reconocimiento de matrículas de residentes, que a su vez sirven para multar a todos aquellos que no respeten los requisitos de entrada a estas zonas especiales.
Patinetes, motos compartidas y peatones
Las subvenciones recompensarán a aquellas ciudades que apuesten por peatonalizar calles y crear más ‘carriles bici’. Los proyectos deben potenciar el transporte colectivo y fomentar el uso de todo tipo de vehículos bajos en emisiones, como el carsharing, el motosharing, los patinetes o las propias bicicletas. También se premia las facilidades que quieran impulsar las ciudades a la denominada logística de última milla, aquella que se ha disparado con el comercio online.
Este tipo de desarrollos también pueden ser financiados para municipios que tengan entre 20.000 y 50.000 habitantes, mientras que las Zonas Bajas en Emisiones sólo está disponible para los que superen la población de 50.000 habitantes.
Ambos tramos de población podrán recibir estos fondos europeos para la compra de autobuses eléctricos o impulsados por hidrógeno y la instalación de puntos de recarga. Los desarrollos tecnológicos para mejorar el transporte público colectivo, la mejor gestión del tráfico y el análisis de información de la movilidad de las ciudades podrán ser financiados con estos 1.000 millones de euros.
