La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha acordado sancionar con 61,2 millones a una docena de empresas del sector de la construcción por repartirse los contratos públicos del Ministerio de Fomento entre 2014 y 2018. El regulador ha concluido el expediente tras una investigación que se ha alargado cuatro años y en la que en principio los directivos se han salvado de cualquier multa. Pero eso podría cambiar en los próximos meses.
Y es que según consta en el expediente sancionador consultado por Vozpópuli, la Sala de Competencia ha solicitado formalmente a la Dirección de Competencia, el organismo que instruye los casos, que investigue el papel que han jugado los directivos en el cártel. El consejo ha tomado esta decisión tras apreciar que algunos de ellos podrían haber intervenido de manera directa en los acuerdos y decisiones.
“Ha quedado acreditado que durante los años 2010 a 2018, los máximos directivos de las empresas Acciona Mantenimiento, Aceinsa, Alvac, API, Copasa, Elsan, Elsamex, Ferroser, Ferrovial Servicios, Innovia, Matinsa y Sacyr Conservación fueron convocados para asistir a reuniones en la sede de algunas de las empresas y en lugares públicos”, reza el expediente. “También se ha probado que las empresas llegan incluso a hablar abiertamente de estrategias compartidas en correos internos entre sus máximos directivos y se auxilian para la presentación de ofertas”.
Los directivos no fueron investigados
Por motivos que no se detallan en el expediente, la Dirección de Competencia decidió no incoar el procedimiento contra los directivos, un criterio que la Sala de Competencia no comparte. Ahora, Competencia deberá investigar la actuación de los directivos, si bien eso no significa que el proceso vaya a acabar necesariamente en sanción.
La ley permite al regulador imponer multas de hasta 60.000 euros a los directivos que participen en prácticas colusorias de la competencia. El pasado abril, el Gobierno transpuso la directiva ECN+ que obligará a reformar la Ley de Defensa de la Competencia (2007), pero en el proceso se quedaron fuera algunas otras propuestas de reforma (independientes de la directiva) que todavía podrían entrar a través de enmiendas parlamentarias.
Una de ellas es el aumento de las sanciones que el regulador puede imponer a los altos cargos y que aumentaría hasta los 400.000 euros, en línea con las que ya puede imponer la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
