La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reiterado que el Gobierno regional no aplicará ninguno de los enunciados de la Ley de Vivienda que "sean lesivos para la propiedad y la inversión".
Así lo ha manifestado, en declaraciones a los periodistas, tras visitar en Valdebebas una de las parcelas del primer lote del Plan Vive para la construcción de viviendas públicas en alquiler a precio asequible.
"Puedo asegurarles que no vamos a aplicar ninguno de los enunciados dispositivos de esta Ley de Vivienda que sean lesivos para la propiedad y la inversión, como la declaración de las llamadas zonas tensionadas", ha sostenido la dirigente madrileña.
Frente a esto, el Gobierno de la Comunidad de Madrid "propone un modelo abierto, que reciba inversiones y contribuya a que haya más suelo en el mercado, es decir, más oferta, más libertad".
Ayuso ha considerado que mientras ellos están trabajando "por el beneficio de todos los ciudadanos", lo que están viendo es "un modelo opuesto que se está intentando imponer desde el Gobierno central". "Y lo mismo hemos visto esta misma semana con el proyecto de Ley de Vivienda que se ha aprobado en el Consejo de Ministros", ha apostillado.
"Es un ataque frontal a la propiedad privada, a la reactivación económica y al acceso a la vivienda y las consecuencias de la futura Ley del Gobierno ya las conocemos: va a disparar el precio de la vivienda, va a reducir la oferta para incrementar el precio medio y va a dificultar el acceso", ha advertido.
En este sentido, ha trasladado que, además, los expertos ya están anunciando que esta normativa "de aquí a 2025 va a traer un recorte del 30% en la construcción de vivienda para alquiler en España, va a incitar la fuga de inversores y va a conllevar, por tanto, la pérdida de empleos en el sector".
Derechos de propiedad
Para la presidenta regional, "se vuelve a penalizar a quienes más necesitan acceder a una vivienda y lo hacen interviniendo el mercado, imponiendo limitaciones, eliminando estímulos fiscales y renunciando a aprovechar el suelo público que está infrautilizado".
"Frente a ese planteamiento intervencionista y confiscatorio, quiero decirles que pueden contar con el Gobierno de la Comunidad de Madrid para blindar los derechos de propiedad y la confianza de los inversores desde la certidumbre y la seguridad jurídica", ha defendido a continuación.
