El 1 de octubre, tras una moratoria de casi tres años, entrará en vigor el Real Decreto por el cual se establecen las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor.

A partir de ahora, ambos sectores de actividad, agencias y empresas de alquiler de vehículos sin conductor, estarán obligadas a facilitar a Interior, a través de una plataforma digital desarrollada a tal fin, información concreta y detallada de quienes reserven sus vacaciones o alquilen un coche para desplazarse durante sus días de asueto.

Se trata de un Real Decreto que los sectores afectados consiguieron retrasar en lo que su aprobación se refiere, pero que, siempre según las agencias y las empresas de alquiler de vehículos, pone en muy serio riesgo la rentabilidad del sector.

Por este motivo, las grandes patronales de las agencias, FETAVE (Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes Españolas), UNAV (Unión Empresarial de Agencias de Viajes) y ACAVE (Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas) han solicitado una reunión de urgencia con el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, para tratar de ganar más tiempo y demorar una vez más la aprobación del Real Decreto.

"Se obligará a las agencias y empresas de alquiler de vehículos sin conductor a facilitar datos como el número de bastidor del coche, la numeración de la tarjeta de crédito, forma de pago, número de habitación del hotel en el que se alojará quien contrate el viaje, además de otros muchos datos de los que no vamos a disponer. Se trata de algo que puede vulnerar las leyes de Protección de Datos", asegura César Gutiérrez Calvo, presidente de Fetave.

Desde el sector aseguran que la introducción manual de esta información es inviable, supone una gran inversión en tiempo y reduce la productividad. "Además, la plataforma en la que se ha de introducir esa información no funciona como debe", explican fuentes sectoriales.

Marlaska lo justifica con el terrorismo

El Real Decreto explica el motivo por el que se reclaman estos datos. "En el momento actual, los mayores ataques a la seguridad ciudadana vienen protagonizados tanto por la actividad terrorista como por el crimen organizado, en los dos supuestos con un marcado carácter transnacional", subraya el documento, que añade que "en ambos casos cobran especial relevancia en el modus operandi de los delincuentes la logística del alojamiento y la adquisición o uso de vehículos a motor, cuya contratación se realiza hoy en día por infinidad de vías, incluida la telemática, que proporciona una mayor privacidad en esas transacciones".

Por último, apunta que "la norma se adecúa a los principios de necesidad y eficacia, estando justificada por la razón del interés general, al perseguir la seguridad de los ciudadanos ante las amenazas terroristas y otros delitos muy graves cometidos por organizaciones criminales. En este sentido, contiene la regulación imprescindible para atender la necesidad y fines perseguidos, sin que existan otras opciones que permitan obtener el resultado perseguido".

Se acerca peligrosamente la devolución de los préstamos turísticos facilitados por el Ejecutivo para afrontar el coronavirus. El plazo concluye este año y el sector reclama una moratoria de dos años ante el riesgo de que centenares de empresas comiencen a sufrir dificultades

Las agencias denuncian al Gobierno

Las Agencias están tan convencidas de tener la razón que han denunciado al Gobierno en la Comisión Europea por la puesta en marcha del Real Decreto.

"Hemos denunciado al Ejecutivo en Bruselas, algo que ya hicimos hace tiempo. Entonces, la Comisión Europea (CE) admitió a trámite la demanda porque consideró que se vulneraban derechos referentes a la Protección de Datos y el comercio electrónico, y se iniciaron investigaciones. Estamos seguros de que Europa fallará a nuestro favor", manifiesta Gutiérrez Calvo.

Mala situación del sector

Por otra parte, se acerca peligrosamente la devolución de los préstamos turísticos facilitados en 2020 por el Ejecutivo para afrontar el coronavirus. El plazo concluye este año y el sector reclama una moratoria de dos años ante el riesgo de que centenares de empresas de todo tipo y tamaño (grandes y pymes) comiencen a sufrir dificultades, al tener que abonar casi 13.800 millones de euros correspondientes a 137.000 préstamos a cargo del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

A pesar que desde FETAVE reconocen el buen comportamiento del turismo tras la pandemia, ponen el acento en que se trata de una situación que puede revertirse de no cumplirse con sus peticiones.

"El afortunadamente excelente ejercicio del sector turístico en 2023, el hecho de una Semana Santa muy buena, incluso sin que el tiempo haya acompañado, y las muy positivas expectativas para la temporada de verano y resto de 2024, no debieran hacer olvidar a los responsables políticos, los empresariales no lo olvidan, que bajo esa brillante fachada se esconden problemas importantes", explica Calvo, quien destaca que "a corto plazo, el primero de ellos, las consecuencias de la pandemia con los déficits y deudas generados en ella que no han desaparecido, ni se han amortizado ni se amortizarán en muchos casos, con los positivos resultados de 2023 y los esperables de 2024".

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