Fernando Grande-Marlaska aprobó de urgencia el sistema de alertas 'anti DANAS', utilizado para avisar a través del teléfono móvil a la población en caso de catástrofes naturales como la sufrida en Valencia. Una plataforma que ha costado 3,3 millones de euros.
La empresa a la que se adjudicó el contrato fue Sistemas Informáticos Abiertos (SIA), propiedad de Indra, corporación pública española centrada en servicios tecnológicos y consultoría, entre otras actividades. Así lo atestigua la licitación pública consultada por Vozpópuli para elaborar esta información.
El sistema tardó más de un año en estar en poder del Ministerio de Interior. El primer anuncio de la licitación se produjo el 2 de abril de 2021 y la formalización se hizo efectiva en octubre de ese mismo año. Entre medias, en concreto en julio de 2021, Marlaska decidió tramitar el concurso por la vía urgente, argumentando en un documento firmado por él mismo que esta decisión se tomaba por "la presencia de una necesidad inaplazable y la activación de un servicio de interés público".
Finalmente, se acordó que el sistema tenía que estar listo en diciembre de 2021. Sin embargo, la documentación consultada por este diario desvela que hubo problemas para cumplir con los plazos y se tuvieron que ampliar los tiempos.
"VISTO que el plazo de ejecución de 4 meses inicialmente previsto desde el 15 de agosto de 2021 hasta el 15 de diciembre de 2021, fecha en la que estaba prevista la finalización del proceso de puesta en marcha del sistema, o en su caso 4 meses desde la fecha que se indique en el documento de formalización, siendo el 7 de octubre de 2021 la fecha de formalización del contrato, este resultó insuficiente por causas sobrevenidas no imputables a la empresa adjudicataria del contrato referido, SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS", refleja la documentación.
El plazo de ejecución se amplió así hasta el 7 de mayo de 2022. Sin embargo, la horquilla temporal volvió a resultar insuficiente debido a "causas sobrevenidas no imputables a dicha empresa, razón por la cual, SIA, el día 19 de abril de 2022 vuelve a solicitar nueva ampliación del plazo de ejecución del contrato". En este caso, se extendió hasta el 22 de septiembre de 2022.
De nuevo, fue un plazo que no se pudo cumplir: "VISTO que la segunda ampliación de plazo de ejecución prevista para el próximo 22 de septiembre de 2022 vuelve a resultar insuficiente por causas sobrevenidas no imputables a dicha empresa, razón por la cual, SIA, el día 23 de agosto de 2022 presentó un nuevo escrito, solicitando una tercera ampliación del plazo de ejecución".
¿Qué estaba pasando?
La documentación consultada por este diario refleja que durante las pruebas se produjo una "combinación imprevisible de factores". En concreto, uno de los mensajes de prueba de uno de los operadores involucrados (Telefónica, Orange, Vodafone y MásMóvil) se extendió por toda la red del resto de las compañías de telecomunicaciones. Hay que destacar que el sistema de alertas permite en la actualidad lanzar los avisos en zonas geográficas concretas, y era eso precisamente lo que se estaba testeando. Pero ese no fue el único problema, también hubo incidencias con los CPD de los operadores que provocaron más retrasos.
Después de solucionar el problema y verificar la estabilidad de la red, se procedió a reconfigurar de nuevo la misma para continuar con el despliegue del sistema. Estas labores y otras adicionales tuvieron como consecuencia un retraso adicional de cinco semanas en el desarrollo de la plataforma. Tras completarse el proceso de recuperación de estos incidentes, el 21 de julio se pudo realizar con éxito una prueba completa de emisión de una alerta real, pero los tiempos de solución y testeo generaron un nuevo retraso. La nueva fecha de finalización del proyecto quedaría fijada para el 16 de noviembre de 2022. En total, el sistema de alertas se aprobó con 406 días de demora.
