La compleja batalla judicial que han mantenido durante los últimos años Mediapro y la multinacional británica de publicidad Project 11 se ha saldado con una victoria relativa para la empresa española, que ha recibido una indemnización de 2,9 millones de euros tras cerrar un acuerdo extrajudicial. Así figura en el último informe anual de cuentas de la empresa capitaneada por Jaume Roures.
El choque entre las dos partes está encuadrado dentro del ámbito del fútbol, en el que la empresa radicada en Barcelona -cuyo accionista mayoritario es chino- ejerce un papel activo, tanto en la compraventa de derechos audiovisuales como en la producción de partidos a través, por ejemplo, de contratos con La Liga.
A esto hay que añadir que Roures, a título particular, ostenta una participación sobre la división multimedia del F.C. Barcelona, Barça Studios, como así también, ha llegado a desempeñar el papel de avalista de la actual junta directiva blaugrana encabezada por Joan Laporta.
El inicio del conflicto
El primer litigio de Mediapro y Project 11 deriva del contrato que rubricaron ambas partes el 18 de abril de 2017 “por el que se cedía determinada publicidad digital relativa a partidos de fútbol de primera división del campeonato nacional de liga de las temporadas 2017/18 y 2018/19”, explica la entidad barcelonesa en sus cuentas, a las que ha accedido Vozpópuli a través de la plataforma Insight View.
Durante los primeros días de 2018, la británica dejó de pagar las cuotas correspondientes al precio de la publicidad cedida -estipulada en el contrato entre las partes-, lo que, tras "varias reclamaciones", llevó a Mediapro a romper el acuerdo y a iniciar acciones legales.
En la citada demanda, reclamaba una cantidad de 5,2 millones de euros por los pagos adeudados y 1,6 millones en concepto de daños y perjuicios. A la vista de esta decisión, Project 11 interpuso una denuncia cruzada en la que pedía 8,8 millones a la contraparte por el impacto que -consideraba- su política empresarial había causado en su negocio.
El 10 de enero de 2022, un juzgado de Barcelona falló a favor de Mediapro y condenó a la contraparte al pago de los 5,2 millones de euros, pero le negó la indemnización que había reclamado.
El juez estimó una parte de los argumentos de Project 11 y, de hecho, en el fallo le reconoció su derecho a recibir un millón de euros dentro de este litigio. Ambas partes recurrieron la sentencia.
El juicio por competencia desleal
En paralelo a este proceso judicial, Project 11 inició otro -que adelantó Vozpópuli- en el que acusaba a la empresa de Roures de competencia desleal, al considerar que Mediapro -a través de una sociedad filial- le había quitado un cliente y, además, había vulnerado la normativa española sobre publicidad de las casas de apuestas. En ese proceso, reclamó daños por un importe de 3,9 millones de euros.
El juicio se celebró en noviembre de 2021 y, mientras las partes esperaban la resolución del litigio, negociaron un acuerdo extrajudicial para poner fin a la totalidad de sus batallas judiciales. Fuentes oficiales de Mediapro -en consonancia con lo que figura en el informe de cuentas- confirman que el pasado 30 de marzo ambas partes acordaron retirar todas sus demandas a cambio de que Project 11 abonara 2,9 millones de euros a la compañía española.
Una larga historia de litigios
Hay que recordar que Mediapro ha tenido en el pasado diferentes conflictos judiciales por todo lo relacionado con la explotación de los derechos audiovisuales del 'deporte rey', siendo los más recientes los que ha ganado a la Real Federación Española de Fútbol tras excluirle de contratos audiovisuales sobre la Copa del Rey y el VAR.
El más relevante de estos litigios fue el que le enfrentó al Grupo Prisa, que se inició en 2006, cuando la productora de Roures y Audiovisual Sport (AVS) rubricaron un acuerdo para explotar los derechos de la Liga y de la Copa del Rey hasta la temporada 2008/2009.
Con este contrato vigente, Mediapro se salió por la tangente e inició negociaciones bilaterales con los clubes para la compra y explotación de sus derechos, algo que enfureció a Juan Luis Cebrián, quien ordenó cortar la señal a Mediapro para emitir los partidos y acudió a la justicia para solicitar una indemnización millonaria por el incumplimiento del pacto de Roures con AVS (participada por Sogecable y Televisión de Catalunya).
El caso llegó al Tribunal Supremo, donde Prisa reclamó a Mediapro una indemnización de 300 millones de euros por estos hechos. El Alto tribunal 'libró' a la compañía catalana de pagar esta cantidad y eso le salvó de una situación que hubiera comprometido su viabilidad.
Como curiosidad, mientras los jueces deliberaban sobre este asunto, el diario El País -entonces dirigido por Antonio Caño- publicó una información que aseguraba que Mediapro guardaba 250 millones de euros en hasta 150 entidades bancarias situadas en diferentes países del mundo, algunos de ellos considerados como paraísos fiscales.
Todo esto derivó en una demanda que obligó a El País a difundir una rectificación de la información.
