La dotación para las políticas de Industria y Energía incluida dentro del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2016 asciende a 5.455 millones de euros, un 9,5% menos que en el ejercicio anterior, gracias a los ajustes de costes conseguidos con la polémica reforma eléctrica. La mayor parte del presupuesto, el 71%, corresponde a partidas destinadas a financiar el sistema eléctrico. En concreto, se han dotado 3.895 millones de euros a este cometido, por debajo de los más de 4.207 millones de euros que se comprometieron el año pasado. Mientras tanto, la dotación de la política de vivienda para 2016 asciende a 587,1 millones de euros, la misma partida que en 2015, y el 94,2% de la misma corresponde a los créditos asignados al programa de promoción, administración y ayudas para la rehabilitación y el acceso a la vivienda.
Duro varapalo del Gobierno a las políticas de agricultura, pesca y alimentación, cuya dotación se hunde un 13,3%
En el proyecto presupuestario de 2016, el Gobierno cumple con el compromiso de la reforma energética de financiar a través de las cuentas públicas el 50% del extracoste de la actividad extrapeninsular. La otra mitad debe ser asumida por la tarifa eléctrica. En la partida de 3.895 millones para el sistema eléctrica también figuran los impuestos eléctricos incluidos en la ley 15/2012 y lo ingresado a través de las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Además, las inversiones totales en infraestructuras se mantendrán el próximo año en niveles casi idénticos a 2015, alcanzando los 9.492,50 millones de euros, lo que supone 9,74 millones de euros más que este ejercicio.
Por otro lado, el Ministerio de Industria elevará un 60,4% los gastos en políticas de reconversión y reindustrialización, que ascenderán a 842,57 millones de euros. No obstante, la partida de desarrollo industrial desciende un 83%, hasta los 63,83 millones de euros, al tiempo que los incentivos regionales a la localización industrial se mantienen en línea con respecto a 2015, con 81,63 millones de euros. La partida para explotación minera sufrirá un descenso del 4,1%, hasta 331,53 millones de euros, mientras que la destinada al desarrollo de las comarcas mineras se mantendrá en 50 millones de euros.
Por otra parte, el Gobierno propina un duro varapalo a las políticas de agricultura, pesca y alimentación, destinando 7.438,2 millones de euros, lo que supone una disminución del 13,3% respecto a los 8.579,92 millones de euros de este año, según recoge el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2016. El Ejecutivo ha subrayado que la agricultura, ganadería, pesca y alimentación son "sectores estratégicos" de la economía nacional, con gran incidencia social y medioambiental, sometidos a un proceso de constante evolución, derivado de las sucesivas reformas de la Política Agraria Común (PAC), y condicionados a su vez por las variaciones de los mercados internacionales y la situación actual de la economía.
El Gobierno ha explicado que este descenso se debe a que la política de agricultura se financia en más de un 88% con fondos procedentes de la Unión Europea (Feaga y Feader). El ejercicio 2015 se corresponde con el último del periodo de programación anterior (2006-2013) teniendo en cuenta la regla n+2 vigente para el mismo, por lo que los fondos provenientes de Feader para la financiación de los programas de desarrollo rural tuvieron este año un importante incremento. Para 2016, se prevén únicamente ingresos correspondientes al período de programación vigente.
El 98% de la asignación que recibe la CNMC para 2016 irá destinado a las distintas partidas del sistema eléctrico
Por su parte, para los programas dedicados al desarrollo rural sostenible el Departamento dispondrá para 2016 de créditos por importe de 1.034,35 millones de euros, entre los que destacan las transferencias a comunidades autónomas y empresas privadas cofinanciadas con fondos europeos y canalizadas a través del FEGA por importe de 995,11 millones de euros. Los objetivos en esta área se centran en las directrices emanadas de la nueva programación europea para el periodo 2014-2020, siguiendo las pautas marcadas en los ejes del Reglamento comunitario, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).
Respecto al sector agroalimentario, el objetivo del Gobierno es orientar las producciones hacia las nuevas demandas de la sociedad, y a la actual formulación de la PAC. Además, debe integrarse plenamente en las políticas de desarrollo sostenible, buscando la rentabilidad a través de las explotaciones, el mantenimiento del medio rural y de la actividad económica en amplias áreas en las que la agricultura y la ganadería son actividades económicas de importancia vital.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) contará con un presupuesto total de 3.955,16 millones de euros en 2016, de los que una partida de 3.895,14 millones de euros se destinarán a las distintas partidas que el regulador deberá dedicar a la tarifa eléctrica. En el pasado ejercicio, el organismo presidido por José María Marín Quemada contó con una partida de 4.207 millones de euros, un 7,3% superior a la prevista para 2016 en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Esta minoración está causada exclusivamente por los menores ingresos para la compensación de costes del sistema eléctrico recibe la CNMC por 3.895,14 millones de euros, y que representan 98,5% del presupuesto total. De esta cifra dedicada al sistema eléctrico, 2.704,5 millones de euros corresponden a lo recaudado por los impuestos eléctricos de la ley 15/2012, y 740,6 millones de euros a los extracostes de generación extrapeninsular -frente a los 887 millones del año pasado-.
Vivienda
En materia de vivienda, el Gobierno destinará otros 32,8 millones de euros a los programas de ordenación y fomento de la edificación, mientras que 1,5 millones se emplearán en políticas urbanas y de suelo. Para la renta básica de emancipación de los jóvenes, derogada desde el 1 de enero de 2012, se asignan 6 millones de euros. A pesar de haber sido derogada, tienen acceso a la misma aquellos que tuvieran derecho reconocido o que lo hubieran solicitado antes del 31 de diciembre de 2011, hasta que cumplan los 30 años de edad o la hayan disfrutado durante cuatro años interrumpidos o no.
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente contará con 1.892,88 millones de euros en 2016 un 6,4% menos que en 2015
Las inversiones totales en infraestructuras se mantendrán el próximo año en niveles casi idénticos a 2015, alcanzando los 9.492,50 millones de euros, lo que supone 9,74 millones de euros más que este ejercicio, según el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2016. En concreto, el Ministerio de Fomento dispondrá de 4.037,25 millones de euros en 2016, de los que 1.814,70 millones de euros corresponden a inversiones, lo que supone un incremento del 2,43% con respecto a 2015.
Por su parte, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente contará con 1.892,88 millones de euros en 2016, de los que 1.044,28 millones de euros corresponden a inversiones, un 6,4% menos que en 2015. Asimismo, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través del Organismo Autónomo Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, dispondrá de 30 millones de euros. "La inversión pública en infraestructuras viene siendo una prioridad del gasto público y un instrumento básico para dinamizar la economía, para el aumento de la productividad, el funcionamiento eficaz del mercado de bienes y servicios, la vertebración del territorio, y facilitar el desarrollo de las zonas más desfavorecidas", subraya el Gobierno en el proyecto de Ley de Presupuestos.
