Las fluctuaciones del precio de la luz sigue siendo uno de los quebraderos de cabeza de un Ministerio de Transición Ecológica que cada vez tiene más claro que la clave para modular los vaivenes del recibo eléctrico es la fiscalidad. En este sentido, el trabajo del departamento que dirige Teresa Ribera va encaminado a lograr un revisión de las medidas fiscales sobre del sistema eléctrico, en las que la única modificación hasta ahora ha sido la supresión con carácter temporal del impuesto sobre la generación.
El recibo de la luz cerrará enero con incrementos cercanos al 9% respecto al mismo mes del pasado año, un 2018 que fue el segundo año con los precios de la electricidad más caros de las últimas dos décadas. Desde que el nuevo Gobierno llegó a la Moncloa, el pasado mes de junio, las medidas destinadas a tratar de contener los precios eléctricos han sido de carácter urgente o provisional.
Además de la referida rebaja fiscal, el Ejecutivo impulsó un Real Decreto para tumbar el llamado impuesto al sol y fomentar las prácticas de autoconsumo, cuya aplicación se está viendo frenada por la falta aún del correspondiente desarrollo reglamentario.
Sin embargo, Ribera es consciente de que todo ello no es suficiente, especialmente pensando en el consumidor medio. El Ministerio trabaja en toda una estrategia contra la pobreza energética con el fin de proteger al usuario vulnerable, con los bonos sociales eléctrico y térmico como bandera. Y también prepara un estatuto de la industria electrointensiva para favorecer la competitividad de aquellas compañías cuyos costes energéticos suponen una parte muy importante de los gastos totales.
Objetivo, el consumidor medio
Durante su comparecencia en la comisión de Transición Ecológica del Senado, Ribera dejó claro que las medidas puestas en práctica por el Gobierno hasta el momento no son suficientes con vistas al consumidor medio. "Se ha dado un impulso al autoconsumo para facilitar un primer recorrido. Pero es insuficiente. Necesitamos una revisión de las medidas fiscales", apuntó, tras señalar que el ajuste temporal realizado con la supresión del impuesto de generación, que se elevaba al 7%, no es bastante.
Tras aplicarse esta rebaja, la cuantía del recibo experimentó un descenso que fue celebrado desde el Gobierno y también desde las compañías, que aplaudieron la medida. Sin embargo, no fue más que un espejismo. El incremento de los precios de emisiones de derechos de dióxido de carbono y la ausencia de lluvia y viento que se dio en las últimas semanas del año fueron factores que volvieron a añadir tensión en el mercado mayorista de la electricidad.
Congelados los peajes de acceso por quinto año consecutivo, una de las alternativas más evidentes es revisar la fiscalidad, aunque el momento no parece el más adecuado. El Gobierno trata de sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado más expansivos de los últimos años, con un notable incremento del gasto social y una previsión de ingresos que comienza a generar dudas en diversos organismos, como el Banco de España y la Autoridad Fiscal Independiente.
Cesión con las nucleares
Este lunes, Ribera mantuvo un encuentro con los máximos ejecutivos de las tres mayores eléctricas (Endesa, Iberdrola y Naturgy) en el que se abordó el futuro de las centrales nucleares. Del encuentro trascendió que ambas partes acordaron abrir una negociación para establecer un calendario, que aún falta por definir pero que, por lo pronto, contempla que las plantas nucleares superen los 40 años de vida útil, en contra de la intención inicial de la ministra.
Parte de la cesión se justifica por el hecho de que la pervivencia de la tecnología nuclear jugará a favor de factores como la seguridad del suministro y la reducción de emisiones en el ámbito de la transición ecológica pero también a favor de la estabilidad de los precios.
Pero Ribera no está dispuesta a ceder más terreno en este punto y comienza a reclamar en su propio Gobierno otro tipo de medidas.
