España es uno de los países de la Unión Europea que menos depende del gas ruso y que más diversificado tiene el suministro de esta materia prima. Pero, como le sucede al resto de países miembros de la Unión Europea, todo su consumo de gas depende de las importaciones de más allá de la Unión y es uno de los países que más sufre los bandazos de este mercado. Por ello, Moncloa lidera la presión a Bruselas para que limite este suministro de gas. Su principal 'quebradero de cabeza' es Argelia, un socio con el que su relación no pasa por su mejor momento y que amenaza con disparar el precio de sus entregas.
Argelia es el dueño del 24,5% del gas que se consume en España y el principal proveedor de gas a través de gasoducto. Aunque su peso en las importaciones de gas de España se han reducido a la mitad desde que el Gobierno argelino cerró su entrega por el gasoducto Magreb, el que cruzaba por Marruecos, debido a las malas relaciones que mantienen ambos países. El problema que tiene ahora Moncloa es que el resto de suministro que llega, principalmente, a través del Medgaz es una cuarta parte del total y va a sufrir una inminente subida de precio.
Argelia ha anunciado grandes acuerdos con Francia e Italia para aumentar su suministro desde que la invasión rusa de Ucrania descontrolara este mercado. El gas argelino sigue llegando por tubo a las costas españolas. Un suministro que parece asegurado y que las consecuencias tanto de las malas relaciones como la situación que vive el mercado del gas será una revisión al alza del dinero que pagan las empresas españolas por el gas argelino.
La decisión de España de cambiar su posición sobre el Sáhara en favor de Marruecos hace que cualquier negociación con Argelia no sea fluida. Sonatrach, el brazo energético del Gobierno argelino, lleva meses dando largas a Naturgy, el principal operador español de gas que depende de este acuerdo. Si España logra que el límite al gas precio del gas sea un tema europeo, la posición dominante argelino debería relajarse.
Moncloa no está solo
Moncloa también lograría con este límite controlar a otros socios como Estados Unidos, que ya suministra el 32,9% del gas que consume España a través de barcos metaneros. Ribera y Sánchez no están solos en esta demanda. Francia, Italia y otros 12 países reclaman este techo al precio del gas en Europa. Y la propia Úrsula Von der Leyen ha defendido este miércoles que bruselas está estudiando la medida.
La presidenta de la Comisión Europea ha subrayado que este límite al precio del gas "debe diseñarse correctamente para asegurar la seguridad del suministro" y que se trata de una medida temporal para responder al hecho de que el índice TTF Dutch de Ámsterdam de referencia en Europa ya no representa correctamente el mercado europeo, con más presencia de gas natural licuado (GLN).
Castigo a la inflación
El Gobierno defiende en esta causa que la crisis de abastecimiento de gas en Europa ha sido aprovechada por empresas intermediarias para ganar dinero a través de la especulación. "En la Unión Europea pagamos la importación de gas más caro que en otras regiones del mundo", asegura la propia Teresa Ribera.
Este coste elevado es el que provoca un repunta tanto de las facturas de luz como de la propia inflación en España. El tope que se reclama es para todos los proveedores, no solo a Rusia, y quiere sea para todas las importaciones, vía gasoducto como metaneros.
Moncloa quiere que exista una "diplomacia energética" que negocie con proveedores e intermediarios un precio "sostenible para todos", según definen. Una iniciativa que no tiene nada que ver con el mecanismo ibérico o tope al gas con el que se produce electricidad. Esta reclamación de España y los 14 países se centra únicamente en las importaciones de gas. "Advertimos del riesgo de no actuar", avisaba Teresa Ribera a sus colegas europeos.
