Naturgy ha reclamado finalmente una indemnización de 1.600 millones de dólares (unos 1.370 millones de euros) en el proceso que instó en el Tribunal de Arbitraje de Naciones Unidas (Uncitral) contra el Estado colombiano a causa de la decisión de intervenir y posteriormente liquidar la distribuidora eléctrica Electricaribe, controlada al 85% por la empresa española.
De esta forma, la antigua Gas Natural Fenosa ha elevado la cantidad reclamada desde el entorno de los 1.000 millones de dólares (unos 855 millones de euros) que pensaba solicitar el pasado año, cuando presentó ante el Uncitral la solicitud preliminar para poner en marcha el proceso de arbitraje.
La empresa que preside Francisco Reynés presentó la documentación definitiva a mediados del pasado mes de junio, según la emisora de radio colombiana Blu Radio. De acuerdo con la información adelantada por este medio, Naturgy apuró los plazos para registrar la documentación tras iniciar el proceso el pasado septiembre, seis meses después de que el Gobierno colombiano decidiera proceder a la liquidación de la filial del grupo español.
La revisión al alza de la cantidad reclamada se debe al incremento de las pérdidas sufridas por Electricaribe desde que fue intervenida por el Gobierno colombiano, en noviembre de 2016, así como la depreciación sufrida por los activos de la compañía, de acuerdo con fuentes del sector, que apuntan a que tras cotejar diversas valoraciones, Naturgy optó por presentar una reclamación corregida y aumentada cerca de un 40%.
Fuentes de la compañía declinaron hacer comentarios sobre la información.
Tras la decisión gubernamental de liquidar Electricaribe, Naturgy, aún bajo la denominación de Gas Natural Fenosa, decidió acudir al tribunal de arbitraje auspiciado por Naciones Unidas al considerar que se trataba de una expropiación encubierta. La decisión del Ejecutivo presidido por Juan Manuel Santos se basó en la delicada situación financiera que presentaba Electricaribe, que le ponía en dificultades para seguir prestando el suministro a los cerca de 2,5 millones de habitantes a los que da servicio.
Por su parte, Naturgy atribuyó siempre estos problemas a la elevada morosidad así como a los numerosos casos de fraude, al tiempo que acusó a las autoridades locales de no perseguir estas prácticas y no llevar a cabo los cambios normativos que les solicitaba para tratar de paliar la situación.
