La contribución de las empresas a la economía española no había sido tan baja desde 1995. Las compañías que operan en nuestro país están pagando sus impuestos fuera del país, según concluye la OCDE en su informe titulado Erosión fiscal y cambio de beneficios. Se trata de un movimiento legal pero que –según los cálculos de la organización—supone que la aportación que las empresas hacen a la economía ha bajado a menos de la mitad desde que comenzó la crisis, mientras subía en otros países.
Esa estrategia consiste en realizar actividades en un país pero fijar el doimicilio fiscal de esas actividades en áreas donde las compañías pagan menos impuestos para reducir su contribución fiscal. La OCDE bautiza esa práctica como “planificación fiscal agresiva”, tributando a la carta en lugares como Barbados, Bermuda o las Islas Vírgenes. Según sus cálculos, la inversión extranjera directa en esos tres países (5,11% del total) supera ya la que registra la propia Alemania (4,7%) o Japón (3,76%).
El resultado es lo que la organización define como una “erosión fiscal” que se traduce en que las grandes empresas de bandera española contribuyen cada vez menos al crecimiento español.
El informe de la OCDE denuncia que esa práctica es generalizada en todo el planeta y asegura que causa dos daños económicos inmediatos: el primero, afecta a las pymes frente a las compañías internacionales que “tienen acceso expertos en elusión fiscal que les proporcionan una ventaja competitiva sobre las empresas que operan a nivel doméstico”. En segundo lugar, concluye el informe, genera incentivos perversos para invertir en actividades por su retorno fiscal en lugar de por los beneficios o la productividad.
Plan para terminar con la elusión fiscal
La OCDE prepara un plan para acabar con la llamada “elusión fiscal” en los próximos seis meses. El objetivo es su Comité para Asuntos Fiscales pueda presentarlo a los países desarrollados en junio de 2013 detallando fechas y medidas concretas para evitar lo que la organización describe como “erosión fiscal”.
Entre las propuestas que maneja, se encuentran:
- Cambiar el llamado “fondo de comercio” o las valoraciones de bienes intangibles a través de las cuales las compañías desplazan ingresos de unas divisiones internacionales a otras con el fin de eludir el pago de impuestos
- Una regulación más estricta de las actividades de las empresas proveedoras de bienes y servicios a través de canales digitales
- Endurecimiento de las transacciones financieras internas, especialmente las relacionadas con las deducciones de que gozan las empresas
- Modificación de las legislaciones nacionales e internacionales
