Banco Santander ha decidido pasar a la ofensiva en relación al caso Popular. La entidad cántabra, dueña de Popular desde su resolución, ha solicitado acotar la causa penal que instruye el juez Fernando Andreu en la Audiencia Nacional a la ampliación de capital de 2.500 millones de euros acometida en 2016.
Así consta en un recurso de reforma redactado por el socio de Uría Menéndez Jaime Alonso Gallo y remitido al juzgado a comienzos de junio. El letrado solicita en su escrito denegar la personación de una serie de afectados por la resolución que compraron acciones del banco en el mercado secundario, pues considera que permitir la personación de cualquier titular de productos financieros de Popular podría "conducir al absurdo" de que se personasen accionistas que adquirieron sus acciones en la entidad "hace más de veinte años".
En sus alegaciones, el letrado recuerda que el caso Popular se divide en dos piezas separadas. La primera de ellas, la central, que investiga la ampliación de capital de 2016 y un posible falseamiento contable y la segunda, que gira en torno a un presunto delito de administración desleal por parte de Emilio Saracho, por, según la querella, hundir el precio de la acción de Popular.
"Obviamente, la condición de perjudicado en un determinado procedimiento penal depende de la naturaleza de los hechos objeto de investigación. Y en relación con la pieza separada nº 1, relativa a la ampliación de capital de 2016, sólo pueden ser considerados, indiciariamente, supuestos perjudicados, aquellos que hayan adquiridos acciones en esta ampliación de capital", defiende Alonso Gallo en su escrito.
En contra de ampliar el círculo
Por tanto, Santander considera que "expandir el círculo" de afectados a los accionistas que no adquirieron acciones en dicha ampliación supondría permitir la existencia de una causa general contra Banco Popular y los demás querellados, "al menos en lo que a la eventual responsabilidad civil derivada del delito respecta".
Además, el banco cántabro alega, "a modo de ejemplo" que no pueden considerarse perjudicados los accionistas que adquirieron títulos en la ampliación de capital de 2012. "Si así fuera, estaríamos ante una causa general contra Banco Popular y los demás querellados", reitera.
No obstante, ante las informaciones que apuntan a que las cuentas de Popular podrían no reflejar una imagen fiel de la entidad desde antes de la ampliación, como los acuerdos alcanzados con el fondo Thesan Capital a partir de 2011, adelantados por este medio, algunos de los afectados están ejerciendo presión para ampliar la causa.
Oposición de los perjudicados
Ante el paso adelante efectuado por el banco que preside Ana Botín, la defensa de los perjudicados ha mostrado al juez su firme oposición a que la causa se limite solo a la ampliación de capital de 2016, pues consideran que, el hecho de que las acciones no reflejasen una imagen fiel, afecta a todos los accionistas de la entidad.
"Con una información fidedigna, el accionista de Banco Popular habría tomado su decisión vender o mantener sus títulos con conocimiento de causa y bajo su propia responsabilidad. Sin embargo, la posible imagen falseada de las cuentas le hace mantener su posición, con el consiguiente perjuicio posterior que supuso la resolución del banco y la pérdida total de su inversión", reza el escrito de oposición presentado por el despacho Unive Abogados, que subraya que "lo importante" es que los accionistas mantuvieron su inversión durante el último año bajo una información engañosa.
