El Ministerio de Industria y Energía, dirigido casi en la sombra en su parte energética por el secretario de Estado, Alberto Nadal, no ha hecho caso a las compañías eléctricas en su petición de cambio del actual modelo del bono social energético.
El Departamento que tutela Luis de Guindos desde que José Manuel Soria dimitió por los papeles de Panamá ha sacado adelante un año más la asignación para que las grandes compañías costeen los en torno a 200 millones de euros que se destinan a pagar el recibo de la luz de las familias más pobres.
Las compañías recurrirán por la vía contencioso-administrativa ante la Audiencia Nacional la asignación de las cuotas del monto total del fondo para el bono social, según han confirmado a Vozpópuli fuentes de las compañías. Endesa ya trabaja en el recurso después de que el BOE publicara este sábado que la empresa de control italiano tendrá que afrontar el pago del 41% de todo el fondo (le tocan 82 millones de euros).
Iberdrola tendrá que costear el 37,9%, mientras que Gas Natural Fenosa asumirá el 14,8%. En total, las tres grandes cubren el 93,7% de los 200 millones de euros. A Hidrocantábrico (EDP España) le toca un 3,26% y a Viesgo (antigua E.ON) un 2,22%. Las cinco compañías que integran la patronal Unesa recurrirán el reparto del fondo. El resto (un 1%) recae en pequeñas compañías distribuidoras y comercializadoras.
Las tres grandes eléctricas tendrán que asumir el pago del 93,7% de los 200 millones del fondo
Las fuentes consultadas señalan que este año, el Ministerio de Industria ni siquiera ha contestado a la propuesta de algunas eléctricas de cambiar el sistema de asignación, trasladando parte de su financiación a los Presupuestos Generales del Estado, “por su evidente función social”, por un lado, y “alternativamente, con cargo a la tarifa, como se hizo entre 2009 y 2013, teniendo en cuenta que la actual situación de superávit tarifario permitiría incorporar este coste sin crear ningún tipo de desequilibrio”, señala la propuesta realizada por Endesa en febrero pasado, en el marco de su junta de accionistas.
Esta compañía proponía la creación de tres fondos para la “protección de los consumidores más vulnerables: un Fondo de Bono Social, otro de Cobertura de clientes en situación de pobreza energética y el tercero sería un Fondo de Eficiencia Energética.
Actualmente, hay unos 2,4 millones de beneficiarios del bono social, que establece como beneficiarios de los descuentos en el recibo los consumidores con menos de 3 kilovatios de potencia contratada, las familias numerosas, las que tienen a todos sus miembros en paro y quienes cobran la pensión mínima. Pero desde las eléctricas se defiende que hay que rediseñar estos criterios para que los descuentos del bono social “vayan destinados a los hogares que realmente lo merezcan y se basen en los niveles de renta de los hogares, es decir, los que de verdad están en situación de pobreza energética”.
