La Oferta Pública de Adquisición (OPA) del fondo de pensiones australiano por el 22,6% de la energética Naturgy se ha convertido en un dolor de cabeza para Pedro Sánchez. El Gobierno está dividido ante esta operación de 5.060 millones de euros sobre una empresa estratégica. Pero las dudas no se quedan ahí. Según explican fuentes internas a Vozpópuli, las dos personas de máxima confianza del presidente, su director de Gabinete, Iván Redondo; y el secretario General de la Presidencia, Félix Bolaños, tienen posiciones enfrentadas.
Redondo no ve con buenos ojos que, tras la llegada de los australianos, el 80% de una empresa tan estratégica como Naturgy esté en manos de los fondos de inversión. El director de Gabinete de la Presidencia del Gobierno considera que esto supondría la pérdida de la nacionalidad de una nueva empresa energética, como ya sucedió con Endesa, y pondrá todo de su parte para retener este activo estratégico.
Por su parte, Bolaños discrepa. Y prefiere dar luz verde a la operación. El secretario general de la Presidencia y hombre muy próximo a Sánchez apuesta por no interferir en la transacción porque sería un mal mensaje para el resto de la comunidad inversora extranjera. Las mismas fuentes apuntan que, especialmente en este tema, Bolaños tendría una mayor credibilidad para Sánchez que Redondo.
Esta división se añade a la ya conocida entre los ministerios. El círculo del vicepresidente Pablo Iglesias comparte el análisis de Redondo y pondrá todo de su parte para frenar, lo que consideran, 'un nuevo movimiento especulativo del sector energético español'. Como apuntillan las mismas fuentes, Reyes Maroto, la ministra de Industria, también se ha alineado con el jefe de Gabinete de Sánchez para intentar retener 'la españolidad' de este activo estratégico.
En el bando contrario aparecen Nadia Calviño y Teresa Ribera. La ministra de Economía y la responsable de Transición Energética consideran muy peligroso frenar esta OPA por el mensaje de inestabilidad que recibirían los inversores extranjeros. Unos actores que, al igual que Bolaños, consideran clave para sacar a España de la crisis que ha provocado el coronavirus.
"Análisis en profundidad"
Fuentes oficiales de La Moncloa explican a este diario que el procedimiento de control por parte del Gobierno todavía no está en marcha. "Cuando esto suceda, será necesario un análisis en profundidad, de acuerdo con la normativa aplicable, puesto que se trata de un operador con infraestructuras críticas en un sector estratégico", apuntan.
Desde el Ejecutivo prefieren no hacer declaraciones sobre las diferencias entre Redondo y Bolaños y los ministerios económicos. Sin embargo, fuentes del Gobierno consultas por Vozpópuli no han desmentido la división de opiniones en torno a Naturgy y las discrepancias entre los principales asesores de Sánchez.
La solicitud formal del fondo de pensionistas australianos en su movimiento por Naturgy tiene todavía que remitirse a la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones, un órgano dependiente de la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Esta luz verde se produce tras el famoso Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, que obliga a las empresas de fuera de la Unión Europea que quieran comprar el 10% o más de una empresa de un sector estratégico, como es el energético, a pasar por este filtro. En el caso de ser aprobado por el organismo de Industria, la operación necesitará luz verde del Consejo de Ministros que, con esta sensibilidades, promete ser 'caliente'. Una vez que sea autorizada por el Gobierno, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) podrá autorizarla.
Los planes de IFM
Pese a los recelos de una parte del Gobierno hacia IFM, lo cierto es que es un viejo conocido en España. El fondo australiano ya compró hace unos años OHL Concesiones y Aqualia y, en esta operación, ha querido mandar un mensaje de continuidad al mercado: confía en el presidente de Naturgy Fancisco Reynés y en su equipo y también quiere a Criteria, el principal accionista de la energética, a su lado.
Por su perfil de inversor a largo plazo, el fondo prevé mantenerse durante décadas en el accionariado de la compañía. Además, cabe señalar que la participación a la que aspira IFM (22,6%) no es de control, sino minoritaria. El fondo no pretende promover ningún cambio relevante en el organigrama más allá de nombrar a dos consejeros. IFM espera una respuesta formal del Gobierno en un plazo de seis u ocho semanas.
