El enésimo bloqueo de la operación Chamartín, tras la decisión del Ayuntamiento de Madrid de no convocar un pleno extraordinario para su aprobación en la antesala de las elecciones municipales, ha resucitado los fantasmas en torno al desarrollo urbanístico, cuya viabilidad queda ahora condicionada por el resultado de los comicios. Uno de los grandes perjudicados es la Administración Central, a la que la operación le reportaría unos ingresos de 1.250 millones de euros, cuyo destino sería financiar planes fundamentales para la alta velocidad. Eso sí, con un factor sorpresa añadido: el bloqueo ha llegado desde las filas del PSOE, el partido que controla el Gobierno.
La oposición socialista a la celebración del pleno, manifestada en la reunión que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, celebró con los grupos municipales el pasado martes, fue determinante para que optara por no convocarlo, pese a que la medida suponía dejar en el aire el proyecto de Madrid Nuevo Norte, en el que tanto se ha implicado. La cercanía de las elecciones y el avance en las encuestas de la facción crítica de su partido, que se opone a la operación y ha criticado con dureza a Carmena por abanderarla, influyeron para que la primera edil eligiera el camino de la prudencia.
Sin embargo, la decisión añade incertidumbre no sólo a los planes de Carmena y de Distrito Castellana Norte (DCN, el promotor de Madrid Nuevo Norte, participado mayoritariamente por BBVA) sino también del Gobierno central y, en el último término, del Estado.
Como propietario de algo más de un 60% de los terrenos del ámbito de Madrid Nuevo Norte, el Ministerio de Fomento espera desde hace mucho tiempo que el proyecto salga adelante, toda vez que le reportará unos ingresos de unos 1.250 millones de euros para los que, además, ya tiene destino.
Ahorro para los Presupuestos
Los planes del actual Ejecutivo en torno al desarrollo de la red de alta velocidad pivotan en torno al proyecto de la nueva estación de Chamartín, que pasará a ser una pieza clave como hub de la rutas de AVE hacia el norte del país. Una inversión en el entorno de los 900 millones de euros, que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene previsto financiar precisamente con los ingresos de la operación Chamartín.
Como explicó el actual ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, en sede parlamentaria, la actuación es prioritaria e irrenunciable por parte del Gobierno. "La nueva estación se hará prospere o no la operación, de modo que será mejor obtener el dinero por la venta de los suelos que de los Presupuestos", señaló en una de sus últimas comparecencias en la comisión de Fomento del Congreso antes de la convocatoria de las elecciones generales.
Paradójicamente, Fomento se ha encontrado con que el bloqueo al trámite que dará el espaldarazo burocrático a Madrid Nuevo Norte ha llegado de las propias filas socialistas. Y no sólo eso, sino que también el PSOE está insistiendo en que si gobierna el Ayuntamiento de Madrid procederá a una revisión del desarrollo, lo que podría derivar en que su tramitación vuelva a eternizarse.
El candidato socialista a la alcaldía de la capital, Pepu Hernández, expuso la posición del partido respecto a este asunto en el debate que mantuvo con sus rivales electorales, emitido por Telemadrid el pasado miércoles, que pasa por revisar el proyecto en busca de posibles mejoras. El resto de los candidatos de las formaciones que apoyan Madrid Nuevo Norte (incluida Carmena) aseguraron que si gobiernan lo aprobarán de forma inmediata.
El tiempo, en contra de Fomento
Si finalmente se produjera un nuevo retraso en la operación, el tiempo comenzaría a jugar claramente en contra del Ministerio de Fomento, toda vez que ya ha iniciado los trámites para el proyecto de la nueva estación, para el que ya está solicitando propuestas a diferentes colectivos. Se trata de un trámite complejo, que precisa de algún tiempo, de ahí que el departamento que dirige Ábalos no haya esperado a la aprobación definitiva de Madrid Nuevo Norte. Pero cuando llegue el momento de empezar a realizar la inversión, el estado del desarrollo será fundamental para saber si el plan del AVE repercutirá o no en las arcas públicas.
La última revisión del convenio entre Adif y DCN para la transacción de los terrenos contempla su finalización a finales de 2021. En principio, tiempo más que suficiente para oficializar el traspaso y que el dinero llegue hasta las arcas de la compañía pública.
Pero cualquier revisión de Madrid Nuevo Norte que derive en un plan distinto consumiría prácticamente toda la legislatura. Y haría tremendamente complicado que el promotor privado se abriera a volver a prolongar el acuerdo. La inversión de 6.000 millones de euros prevista no estará eternamente comprometida.
