El caso Orcel puede llevar a Ana Botín al trance de tener que acudir a un juzgado de Madrid para declarar como testigo.
Así se desprende del comunicado que el viernes los asesores del exbanquero de UBS enviaron en reacción a la respuesta hecha pública ayer por Santander a la demanda presentada por Orcel contra el primer banco español.
"El Sr. Orcel confía en que los hechos relacionados con su efectiva contratación y con la posterior resolución por BS serán acreditados en sede judicial, con los interrogatorios pertinentes", señala el comunicado hecho público el viernes por los asesores del italiano.
Orcel grabó y guardó conversaciones mantenidas con Ana Botín tras frustrarse su fichaje como consejero delegado de Santander
Los "interrogatorios pertinentes" no puede referirse a otra cuestión que la solicitud al juez de pruebas testificales oportunas. Y dada la implicación de la presidenta de Santander en el fichaje y posterior despido de Orcel, que esta sea llamada a declarar, al igual que otros miembros del consejo de administración del grupo, parece inevitable. Para ello, el juez deberá aprobar las pruebas solicitadas por la defensa de Orcel.
Botín evitaría tener que desfilar por los juzgados si el magistrado no considerara necesaria su declaración o, si antes de que se celebre el juicio, Santander y Orcel llegaran a un acuerdo. Pero dadas las posturas actuales de ambas partes, esta última posibilidad parece cada vez más lejana.
El viernes se conoció que Andrea Orcel grabó y guardó conversaciones telefónicas mantenidas con Ana Botín después de que se frustrara su contratación como consejero delegado. En opinión comunicada también el viernes por Santander, esto muestra que la decisión de no ficharle fue adecuada dado el comportamiento poco ético mostrado por el banquero italiano.
Santander informó por vez primera el viernes a la CNMV, en su informe semestral, sobre el litigio con Orcel
Orcel considera poco menos que Santander le ha ninguneado con su nombramiento y posterior despido, y que ahora el banco trata de dejarle como un pesetero después de haber arruinado su carrera.
Andrea Orcel presentó demanda contra Santander por su no fichaje el pasado 27 de mayo, admitida a trámite el 25 de junio, en la que reclama su incorporación al cargo para el que fue contratado y, subsidiariamente, una indemnización cercana a los 100 millones de euros.
Santander comunicó el nombramiento de Orcel como consejero delegado del 25 de septiembre de 2018, y el 15 de enero anunció a través de hecho relevante enviado a la CNMV su decisión de no continuar con la designación.
El banco justificó su decisión asegurando que esta era "consecuencia de la modificación, tras las negociaciones mantenidas, de las bases sobre las cuales el consejo adoptó la decisión de designar al señor Orcel y la imposibilidad de que los costes de compensar a éste por sus remuneraciones pasadas excediesen los tenidos en cuenta al acordar el nombramiento".
112 millones
Santander comunicó el viernes a la CNMV informe sobre sus resultados semestrales. En ellos, por vez primera, la entidad se refiere al litigio que mantiene con Orcel, aunque no menciona en ningún momento el nombre del banquero italiano.
"Banco Santander, S.A. ha sido demandado en un procedimiento judicial en el que el demandante alega que se perfeccionó un contrato por el que se le encomendarían las funciones de consejero delegado de la entidad", informa la entidad española en el apartado de litigios de su informe.
"En la demanda se solicita que se declare la validez y perfección del alegado contrato y se reclama, con carácter principal, su cumplimiento junto con el pago de determinadas cantidades. Subsidiariamente, se ejercitan pretensiones indemnizatorias por un importe total aproximado de 112 millones de euros y, en su defecto, por otros importes menores", explica Santander.
