El atasco en Gibraltar no está sólo en La Línea de la Concepción. Se está trasladando también a la Justicia y, más concretamente, a la Audiencia Nacional. El cumplimiento estricto de la ley que el Gobierno español exige a los viajeros que quieren cruzar la frontera está siendo respondido por las autoridades de Gibraltar con idéntica petición de seguimiento de su legislación antes de colaborar con Madrid en casos como la Gürtel. Como consecuencia de la nueva actitud de las autoridades gibraltareñas, el pasado 12 de septiembre llegó al Juzgado Central de Instrucción número 5, que dirige Pablo Ruz, un escrito de las autoridades del Peñón en las que éstas le reclaman una batería de exigencias formales si quiere que tramiten su petición de colaboración.
La respuesta de la Fiscalía Gibraltareña ha tardado cinco meses en llegar a Madrid y, además, no incluye ningún dato de los solicitados por el juez
La comisión rogatoria 'atascada' salió de la Audiencia Nacional el pasado mes de abril. En ella, el magistrado instructor solicitaba a las autoridades del Peñón información sobre una cuenta abierta en el Sg Hambros Bank de Gibraltar a nombre de la empresa Xetal Internacional, una sociedad creada en el año 2001 en las Islas Vírgenes británicas y vinculada por la investigación al ciudadano venezolano Eduardo Eraso Campuzano, acusado de ser el principal blanqueador de dinero de Francisco Correa, el presunto cabecilla de la trama de corrupción. La petición del juez se producía después de recibir un informe de la Agencia Tributaria en el que detallaba como el presunto testaferro del principal implicado había sacado de España más de 5 millones de euros con destino a Gibraltar, Suiza y otros paraísos fiscales.
Con esa información sobre la mesa, el juez Ruz redactó el documento de solicitud de colaboración para las autoridades del Peñón similar a los que remite a otros países, el cual fue traducido al inglés por un traductor jurado del tribunal. Ahora, cinco meses después, y tras un verano repleto de tensiones entre la colonia británica y Madrid, llega a la Audiencia Nacional una respuesta de un sólo folio de extensión en la que no se incluye ningún dato de los solicitados. Para hacerlo, la Fiscalía de Gibraltar exige al ejecutivo español, entre otras cuestiones, que redacte sus peticiones en inglés o en castellano, y que siempre vayan acompañada por una traducción certificada en la que conste el nombre, la dirección y las cualificaciones del traductor que la realizó.
Además, las autoridades del Peñón exigen que se cumpla el Acta 2005 del protocolo de Asistencia Legal Mutua de Gibraltar. En su respuesta dirigida al Ministerio de Justicia en Madrid, las autoridades gibraltareñas piden, además, información adicional sobre las empresas que investigan los tribunales españoles en la causa. En concreto, reclaman conocer “su implicación en el presunto lavado de dinero cometido por Francisco Correa Sánchez y los demás, así como sus vínculos con Gibraltar”.
(Haga click aquí para ver el documento a pantalla completa)
Rechaza el 30% de las comisiones rogatorias
Los nuevos requisitos de las autoridades de la roca pueden suponer un empeoramiento de las ya malas estadísticas actuales de colaboración de las autoridades gibraltareñas en materia de blanqueo. Según los datos de los técnicos de Hacienda de Gestha, el Peñón elude contestar una de cada tres peticiones de información. En torno a un 30% de comisiones rogatorias eran ignoradas antes del conflicto con el Ejecutivo español. Los dos gobiernos tienen pendiente la firma de un protocolo de intercambio de información desde el año 2009 que pretendía facilitar el envío de información automática con España. Aquel protocolo nunca se llegó a firmar como consecuencia de los enfrentamientos por la soberanía.
