La Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico empieza este martes con el controvertido Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE). Este plan del Gobierno pretende que las petroleras y las gasistas paguen el despliegue de renovables que ahora se le carga a los consumidores eléctricos. Un coste que volvería a los consumidores. Las propias empresas ya han avisado que, en el caso de aprobarse, repercutirán esta tasa verde sobre el precio de carburantes o consumos de gas. 

El martes empiezan las ponencias sobre el fondo y el 27 de junio se conocerá el dictamen final. La medida saldrá rumbo al Senado que, en el caso de que no existieran enmiendas, el FNSSE se pone en marcha a principios de julio. Es decir, las operaciones salida de los veraneantes que viajen carretera se pueden encontrar con la siguiente situación cuando echen combustible: una subvención de 20 céntimos por litro del Gobierno y un recargo de 10 céntimos por litro debido a esta nueva medida del Ejecutivo. 

Las cuentas salen para aquellos que respaldan el plan que puso en marcha Teresa Ribera en junio de 2021 y, cuyo objetivo final, es que esta retirada de cargos en la factura de la luz rebaje la tarifa en cerca de un 13%. No obstante, las condiciones del mercado eléctrico son muy diferentes, entre otras cosas, por la aplicación temporal del límite al gas.

PSOE y Podemos tienen respaldo suficiente entre los cerca de 40 miembros de la Comisión de Transición Ecológica. Un órgano de trabajo que desde 2020 preside Juan Antonio López de Uralde, cofundador del partido verde Equo. 'Juantxo' López también es reconocido entre los miembros de Unidas Podemos por su cargo, entre 2001 y 2010, de director ejecutivo de Greenpeace España.

El diputado de Unidas Podemos, que declara al Congreso entre sus escasos bienes una instalación de autoconsumo solar de potencia 2,5 kilovatios, lidera un órgano de trabajo que está a punto de aprobar una medida que castiga a alguno de sus 'enemigos históricos' como son petroleras y gasistas.

"Solo PP, Vox y Ciudadanos tienen una posición beligerante con esta medida", comentan fuentes parlamentarias. "La única duda es que van a hacer partidos nacionalistas como PNV, Bildu o ERC, que tienen a los grandes empresas afectadas como algunos de los grandes operadores de su región", añaden. La sensación desde cerca de la Comisión es que, a pocos días del arranque del debate de la medida, es que este verano el FNSSE será una realidad.

Petroleras y gasistas preparan la factura

"La Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) muestra su preocupación por las consecuencias sociales y económicas de la aprobación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), tanto para el sector industrial como para los consumidores", comenta a través de un comunicado la asociación que representa a Repsol, Cepsa, BP y Galp.

El sector del refino y de comercialización de productos petrolíferos asume que con esta medida tiene que pagar cerca de 1.800 millones de euros al Fondo al año, y asimilar asimismo un sobrecoste de más de 500 millones en la factura de gas natural para poder hacer frente a su producción.

Una carga que se trasladará al consumo. Es decir, los hogares pagarán en otros productos energéticos la rebaja de la factura de la luz. De esta forma, según los cálculos del sector energético, cada hogar español puede tener que hacer frente a un sobrecoste de hasta 170 euros al año en la factura de gas natural e hidrocarburos, por un ahorro de aproximadamente 20 euros en la factura de luz.

Un impacto para las petroleras y gasistas que se prevé que sea especialmente dañino para las rentas más bajas. Los colectivos más vulnerables y las poblaciones de la España rural y vaciada tiene una mayor dependencia del gas y los hidrocarburos, por las necesidades de consumo energético y autonomía en la movilidad. Este efecto indirecto castiga al 'reto demográfico' que también ocupa a esta Comisión.