El Gobierno presentó este jueves el Programa de Estabilidad 2015-2018, la hoja de ruta que define la política económica y presupuestaria del Ejecutivo. Y lo hacía con un aval harto importante: apenas unas horas antes el INE publicaba que la economía española había crecido un 0,9 por ciento en el primer trimestre de 2015, unas tasas que no se registraban desde 2007 y que anualizadas suponen un crecimiento del 3,5 por ciento.
Entre las previsiones de ese Plan, el Gobierno anunció que conseguiría tener más ocupados en términos EPA que cuando llegó a la Moncloa. Sin embargo, la cosa no está para grandes euforias. Tan sólo pretende superar la cifra de empleados registrados a finales de 2011 en unos 17.000 trabajadores, una cantidad que se antoja bastante exigua de cara a unas elecciones generales marcadas por un clima de animadversión generalizada contra los partidos tradicionales.
Las cuentas que remite el Ejecutivo popular a Bruselas recogen un crecimiento que se estabiliza en el entorno del 2,9 por ciento y que se plasma en la creación de medio millón de empleos al año hasta el ejercicio 2018. Desde luego, semejante escenario parece perfectamente creíble este año, impulsado por una conjunción ideal de los astros: el petróleo, el euro y los tipos de financiación a la baja, el consumo disparado por encima de sus posibilidades a costa del ahorro, el fin del ajuste en la construcción, las inyecciones monetarias del BCE, y un crecimiento muy intenso del empleo y la inversión en bienes de equipo tras un sobreajuste que había dejado prácticamente en los huesos a las empresas. Normal que en cuanto mejorasen las perspectivas la economía saltase como un muelle después de seis años de contracción.
Compramos demasiado de fuera y eso hace que el saldo positivo desaparezca a pesar del desplome del precio del petróleo y la depreciación del euro
Sin embargo, el actual patrón de crecimiento no parece muy saludable. En teoría, la economía española debería generar superávits con el exterior que permitiesen el pago de las deudas. En cambio, esos excedentes logrados a golpe de sacrificio se están evaporando tan pronto se ha retornado a ritmos de crecimiento vigorosos. Compramos demasiado de fuera y eso hace que el saldo positivo desaparezca a pesar del desplome del precio del petróleo y la depreciación del euro. No en vano, los datos conocidos este jueves de la balanza por cuenta corriente desvelaron un déficit en febrero por valor de unos 2.000 millones de euros.
Ahora bien, ¿qué perfil de crecimiento pronostica el Gobierno para los próximos años? El Gabinete de Rajoy espera que el avance del PIB se mantenga en cotas del 3 por ciento gracias a dos factores: unas exportaciones que crecen en el entorno del 6 por ciento y una inversión en construcción que tira por encima del 5 por ciento. Sólo que esos dos parámetros podrían calificarse cuando menos de ligeramente hinchados. Un incremento medio del 6 por ciento de las exportaciones significaría que nuestras ventas al exterior crecen más que la economía mundial y que por lo tanto estamos ganando cuota de mercado a cara de perro, congelando todavía más nuestros costes laborales. Y un crecimiento de la construcción al 5 por ciento implicaría que volvemos a edificar a ritmos bastante robustos, por encima del aumento de la riqueza cuando además todavía no se ha ajustado el precio de la vivienda si se mide en términos de renta.
Rajoy espera que el avance del PIB se mantenga en cotas del 3% gracias a dos factores: unas exportaciones que crecen en el entorno del 6% y una inversión en construcción que tira por encima del 5%
Rajoy prevé crear medio millón de puestos de trabajo al año
Por otra parte, el Gobierno prevé que se genere medio millón de puestos de trabajo al año, lo cual supone que prácticamente todo el crecimiento se achaque a la creación de empleo y no a la mejora de la productividad. O lo que es lo mismo, el modelo de crecimiento planteado en el Programa de Estabilidad sigue pecando de una productividad muy baja y por lo tanto menos sostenible. O sea, el patrón de siempre.
Respecto a las cuentas públicas, el Ejecutivo considera que las Comunidades Autónomas serán capaces en 2015 de reducir el déficit desde el 1,6 por ciento hasta el 0,7 por ciento, un objetivo difícil de alcanzar incluso con la mejora de las transferencias del Estado y de las condiciones de financiación.
De aquí a 2018, el Gobierno vaticina que el gasto público sobre PIB descenderá desde el 42 al 38,4 por ciento. Sin embargo, eso no significa que el Gobierno vaya a seguir recortando. Tan sólo tiene que gastar menos de lo que crece el Producto Interior Bruto para que los desembolsos sobre PIB se diluyan. Aunque dicho esto, la presión de la demografía sobre el gasto en pensiones y sanidad en principio obligará a que la austeridad se mantenga en otras parcelas. De hecho, la Seguridad Social seguirá sufriendo un ligero déficit en 2018 a pesar del incremento del número de ocupados. Razón por la cual probablemente haya que practicar incluso nuevos recortes, sobre todo en 2015 y 2016. Es más, algunos expertos apuntan que se trata de unos niveles de gasto sobre PIB muy por debajo de la media europea y que en consecuencia representan un miniestado del bienestar.
Por el lado de los ingresos, Hacienda estima que éstos apenas avanzarán del 37,8 al 38,1 por ciento del PIB, otra vez unos umbrales muy por debajo de los europeos y que sólo se explican por el elevado fraude y la gran cantidad existente de deducciones fiscales. Que en el periodo 2015-2018 la recaudación pública crezca muy poco cuando las bases imponibles suben sólo se explica porque el Gobierno tiene la intención de ir bajando impuestos todos los años. Ésa es la buena noticia que esconden estos datos después de que Hacienda haya aprobado al menos medio centenar de alzas fiscales desde que el actual Gobierno entró en la Moncloa.
