Economía

Podemos propone elevar reducción de beneficios a eléctricas del 90% al 99%

Unidas Podemos ha propuesto a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, aumentar del 90% al 99% la reducción de los denominados "beneficios caídos del cielo", los que obtienen

  • El diputado de Podemos Juan López Uralde (izq) junto al portavoz parlamentario, Pablo Echenique, este jueves, en el Congreso -

Unidas Podemos ha propuesto a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, aumentar del 90% al 99% la reducción de los denominados "beneficios caídos del cielo", los que obtienen las eléctricas en el mercado por las tecnologías con menos costes que cobran al final el precio de la más cara que casa precio.

En una carta a la ministra, los diputados Pablo Echenique y Juan Antonio López de Uralde dicen que el parámetro de modulación de esos beneficios, fijado en 0,9 en el decreto que ha convalidado el Congreso, va a ser insuficiente para evitar un incremento en el precio de la factura en octubre, dada la escalada que se está sufriendo, que ha alcanzado en lo que va de mes una media de 205,71 euros/MWh.

El partido socio del PSOE en el Gobierno de coalición propone que para contener el precio en mayor grado el parámetro de modulación se eleve a 0,99, con el que dice se conseguiría desacelerar el crecimiento del precio de la factura en 1,5 puntos porcentuales.

Unidas Podemos pide a Ribera "eliminar por completo los beneficios caídos del cielo", que recuerda son unos ingresos recibidos por ciertas centrales inframarginales (fundamentalmente nucleares e hidroeléctricas) que les aportan una rentabilidad muy superior a la esperada en el momento en el que hicieron la inversión.

Para la formación morada, es necesario eliminar esos beneficios en su totalidad para garantizar un buen funcionamiento del mercado eléctrico.

Los socios del PSOE en el Ejecutivo proponen, en concreto, modificar el real decreto-ley 17/2021, convalidado en el Congreso de los Diputados la pasada semana, en lo referido a la cuantía de la minoración.

El real decreto-ley logró en el Congreso mayoría para no ser tramitado como proyecto de ley, al finalizar su vigencia el 31 de marzo, si bien la ministra dijo que en las próximas semanas se complementarán las medidas con otras adicionales "para cubrir contratos bilaterales y precios razonables para los consumidores industriales" y también "reforzar la posición" de los consumidores vulnerables acogidos al bono social.

Unidas Podemos propone ampliar el acceso al bono social

Además, en su carta Unidas Podemos pide a la ministra la extensión de la protección del bono social a todas aquellas personas y unidades de convivencia que se encuentren en situación de vulnerabilidad social y económica con la introducción de nuevos criterios económicos y sociales.

Los criterios actuales de acceso sitúan en 1,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) -el indicador de referencia para calcular las prestaciones sociales- para hogares con uno o dos adultos; en dos veces el IPREM para una familia monomarental o una familia con dos adultos y un menor, y en 2,5 veces el IPREM para una familia con dos adultos y dos menores.

Unidas Podemos pide que se amplíe a tres veces el IPREM para los primeros casos; en 3,5 veces el IPREM para las familias monomarentales; y en 3,3 y 3,9 veces el IPREM para los dos últimos casos.

De esta manera, una familia monomarental con una renta de 2.306,68 euros al mes tendría acceso al bono social, frente a la situación actual, en que la renta anual de acceso a las prestaciones se sitúa en los 1.318,10 euros, explica Unidas Podemos, que, además, propone aumentar hasta un 60 % el descuento de la factura eléctrica para consumidores vulnerables y hasta un 75 % para los considerados en riesgo de exclusión social.

En la actualidad, este descuento en la factura de la luz que tienen que hacer las compañías comercializadoras de referencia a los beneficiarios del bono social asciende a un 25 % para consumidores vulnerables y a un 40 % para consumidores vulnerables severos.

Además, en el caso de los consumidores en riesgo de exclusión social, no tienen que hacer frente a la factura eléctrica, ya que la administración autonómica correspondiente asume el 50 % que no está cubierto.

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