Los 35 escaños de Podemos en el Congreso le han valido para gobernar en coalición con el PSOE y sentar en el Consejo de Ministros a cinco de sus representantes. Y, según la letra pequeña de los Presupuestos Generales del Estado de 2021, le han servido a la formación 'morada' para controlar más de 50.000 millones de euros (50.092 millones exactamente), incluyendo las transferencias corrientes y de capital entre los distintos sectores, así como partidas habilitadas del denominado Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) en su primera fase (préstamos y dotaciones financieras no reembolsables de la UE como consecuencia de la pandemia para apoyar la inversión y las reformas).
Esta cifra supone que Pablo Iglesias y su equipo, con cinco ministerios de los 22 existentes, tienen en sus manos el 11% del Presupuesto consolidado para el próximo año. Además, la asunción de los ministerios de Derechos Sociales y Agenda 2030, Trabajo, Igualdad, Consumo y Universidades ha puesto a su disposición a 17.536 empleados públicos (14.650 funcionarios de carrera y casi 3.000 laborales fijos). Lo que da relevancia al poder de que ha investido Pedro Sánchez al partido liderado por Iglesias, que podría ser aún mayor si hubiera mantenido la estructura anterior del ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Es decir, Podemos se ha quedado con la gestión del pago del desempleo (31.600 millones de euros), pero el PSOE ha desgajado, y convertido en ministerio, a la Seguridad Social y la gestión de las pensiones con un presupuesto global de gasto (contributivas, no contributivas y por primera vez de clases pasivas) de 172.000 millones. Y es a la Seguridad Social, y no a Derechos Sociales o a Trabajo a través del SEPE, a quien Sánchez ha encargado la gestión de la prestación del Ingreso Mínimo Vital dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social.
Pablo Iglesias dispone de 879 empleados públicos (610 son funcionarios de carrera). De ellos, 13 son altos cargos (de director general hacia arriba) y ha nombrado a dedo a 25 asesores
Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno y responsable del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, dispone de 879 empleados públicos (610 son funcionarios de carrera). De ellos, 13 son altos cargos (de director general hacia arriba) y ha nombrado a dedo a 25 asesores, casi los mismos que, por ejemplo, tiene directamente la ministra de Economía, Nadia Calviño, que se ocupa de los designios de la evolución y la planificación económica. Lo único que se sabe de esas 25 personas de confianza, cuyos nombres, sueldo y méritos no son públicos, es que al menos 20 tienen titulación superior con un coste de más de 1,2 millones (el salario medio es de unos 50.000 euros), mientras que el gasto de los altos cargos supera los 850.000 euros (65.000 euros de media). El secretario general de Podemos, que había exigido en principio otras carteras, dispone de un gasto ministerial de 3.836 millones, más casi 53 millones para el organismo autónomo Instituto de la Juventud adscrito a este departamento. Y a estas cifras hay que sumar otros 917 millones más del MRR. Por tanto, Iglesias gestiona un total de 4.806 millones.
Irene Montero, 248 empleados públicos
Por su parte, la ministra de Igualdad, Irene Montero, tiene a su cargo a 248 empleados públicos. De ellos, 141 están destinados al Instituto de la Mujer. Dispone de ocho altos cargos y 13 asesores (9 de ellos tienen estudios superiores), se trata del mismo número de nombramientos a dedo que tiene la ministra de Educación Isabel Celaá. Montero tiene un presupuesto de gasto asignado de 451,4 millones más otros 20,5 millones del Instituto de la Mujer. Por tanto, gestiona recursos por un valor de casi 472 millones.
El ministro de Consumo, Alberto Garzón, tiene adjudicados a 541 empleados públicos, y 231 de ellos pertenecen a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria. Cuenta con siete altos cargos y diez asesores con un gasto conjunto de 850.000 euros. Su presupuesto de gasto total es de 57,1 millones.
El Ministerio de Universidades de Manuel Castells cuenta con seis altos cargos y diez asesores por un monto de gasto de algo más de 850.000 euros
El Ministerio de Universidades de Manuel Castells cuenta con seis altos cargos y diez asesores por un monto de gasto de algo más de 850.000. Acumula 546 empleados públicos, 151 de ellos corresponden a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y, por ejemplo, 136 a un denominado Servicio Español de Internacionalización de la Educación. Este departamento, a pesar de que apenas tiene contenido administrativo, está en manos de las autonomías, cuenta con un presupuesto de 542,5 millones, más otros 203,9 del MRR. En total, dispone de un gasto de más de 746 millones.
Derechos Sociales: el invento de Pablo Iglesias
Todos estos departamentos han servido a Sánchez de moneda de cambio para lograr el apoyo de Podemos a su Gobierno. En realidad, nunca han tenido la categoría administrativa y política de ministerio porque simplemente se les ha vaciado de contenido ya que sus competencias se transfirieron desde hace años a las autonomías. Por ejemplo, Derechos Sociales ha sido un invento de Iglesias con direcciones generales tan llamativas como la de Derechos de los Animales. En la mayoría de los casos, estos departamentos siempre han estado integrados en otros ministerios o en todo caso no han pasado de ser una secretaría de Estado, una secretaría general o incluso una dirección general.
La 'joya’ de Podemos en los Presupuestos y en el Ejecutivo es el Ministerio de Trabajo, que se encarga de las relaciones laborales, de habilitar a las autonomías las políticas activas de empleo y sobre todo de pagar las prestaciones de paro
Por ello, la 'joya’ de Podemos en los Presupuestos y en el Ejecutivo es el Ministerio de Trabajo, que se encarga de las relaciones laborales, de habilitar a las autonomías las políticas activas de empleo y sobre todo de pagar las prestaciones de paro (las demandas de empleo están también transferidas a las comunidades autónomas). Yolanda Díaz cuenta con 13 altos cargos y 17 asesores, es decir, los mismos que había en la legislatura anterior con la salvedad de que este ministerio se ocupaba también de la gestión de la Seguridad Social. El coste conjunto de este ‘staff’ es de 1,5 millones.
Trabajo dispone directamente de 970 empleados públicos, a los que hay que añadir los 9.885 del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), otros 3.535 del Organismo Nacional de la Inspección de Trabajo, otros 515 del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y los 342 del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. En total, Díaz tiene a su mando a 15.322 empleados públicos (número al que sólo llegan ministerios como el de Defensa o por ejemplo la Agencia Tributaria). La titular de Trabajo gestiona 6.267 millones de gasto del propio ministerio, más 32.681 millones de las partidas de los organismos autónomos dependientes, entre ellos el SEPE (con 31.632 millones destinados a pagar el paro), más 7,8 millones de otros organismos como el Consejo Económico y Social. En total, Díaz controla un gasto superior a 38.950 millones, a los que hay que sumar casi 1.200 millones más de los programas del Mecanismo de Recuperación y Resilencia. Por tanto, la cifra total supera los 40.000 millones.
