El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha sacado adelante su crítico informe contra el anteproyecto de Ley de la Vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez. Un total de 15 vocales ha respaldado este segundo borrador de informe frente a seis que han votado en contra de este nuevo documento que se ha redactado de nuevo después de que tumbaran el primer escrito del vocal progresista Álvaro Cuesta que respaldaba la ley estrella del Gobierno de Sánchez.
Los vocales José Antonio Ballestero y Enrique Lucas han sido los ponentes de este nuevo borrador que, a diferencia del primero, precisa que la nueva norma no respeta las competencias autonómicas en materia de vivienda. En el documento, del que se dio traslado a los componentes del Pleno a principios de semana y que incluirá algunas observaciones nuevas, se advertía también de que la ley estrella del Ejecutivo de coalición altera el entendimiento de la propiedad privada.
Estos fueron los dos aspectos clave que llevaron a la mayoría de los 20 vocales que integran el Pleno ha desestimar la primera propuesta sobre el anteproyecto de la Ley de Vivienda. El Pleno rechazó este texto por 15 votos frente a seis y designó a dos nuevos ponentes para redactar el nuevo borrador. El propio Lucas planteó en la sesión del pasado 14 de enero las dudas que suscitaba esta nueva normativa en lo que respecta a la atribución que otorga al Estado de una materia que es de las comunidades autónomas.
Al respecto, en su texto explicó que el Ejecutivo hacía alusión al derecho a la vivienda digna pero no lo regula, lo que abre la puerta a "cierta distorsión de categorías" en del Derecho Civil. "Esta podrá ser, por lo tanto, una ley sobre las condiciones básicas del derecho de la vivienda, su promoción y protección, o, como dice su título, una ley por el derecho a la vivienda, pero no, en puridad, la ley de vivienda o del derecho a la vivienda", precisa el texto aprobado. Con todo, los cinco vocales que han votado en contra han anunciado la formulación de un voto particular.
Crítica de Podemos contra el CGPJ
"Queda claro, por lo tanto, que la vivienda constituye una materia de titularidad autonómica, lo que significa que el núcleo de su regulación y las políticas públicas encaminadas a hacer efectivo del derecho del artículo 47 de la Constitución, corresponde a cada una de las Comunidades Autónomas que ejercerán sus competencias conforme a la orientación política mayoritaria existente en ellas. Por tal motivo, el anteproyecto ha de ceñirse al ámbito incidental de las competencias estatales", matizaron los ponentes.
Los vocales, que dan luz verde a este informe un día después de que Podemos arremetiera contra el CGPJ por actuar sin estar renovado, plasmaron en este nuevo documento que emiten su dictamen por así lo recoge la Ley. En concreto expusieron que el Poder Judicial tiene reconocida una función consultiva (aunque no vinculante) en relación a los anteproyectos de leyes y disposiciones generales que afecten a aspectos jurídicos-constitucionales, como es el caso.
Por ese motivo este nuevo trabajo analizó no solo el ámbito competencial de la ley estrella del PSOE y Unidas Podemos sino que también valora si el anteproyecto es respetuoso con el derecho a la propiedad privada, tal y como viene recogido en la legislación actual. "Ocurre que el trasvase, clonado de la concepción estatutaria del suelo, resulta incongruente pues poco tiene que ver la necesidad de ordenación del suelo, con afectación decisiva al interés general, con la propiedad privada e individual de la vivienda donde frente al interés público prima el interés privado del propietario", recoge el nuevo texto.
Límites a la propiedad privada
Los ponentes consideran que una cosa es delimitar la función social de la propiedad y otra regular el contenido de las facultades que tiene cada propietario en relación con el uso de su vivienda. Por eso consideran que este anteproyecto de Ley de la Vivienda altera el entendimiento de la propiedad privada del inmueble y deroga parcialmente el artículo 348 del Código Civil, que garantiza el derecho del propietario "de gozar y disponer" de una cosa o de un animal.
También es especialmente crítico con la interpretación que hace la nueva norma de la vivienda como "derecho subjetivo" que se imponga al legislador. "Por muy respetables que sean esas construcciones, lo cierto es que, de acuerdo con la doctrina constitucional consolidada, el derecho a la vivienda es un derecho de configuración legal. De modo que será el legislador el que determine en cada momento, su mayor o menor alcance, con los únicos límites que resultan de la Constitución", sentencia el borrador.
