El IRPH es un índice aprobado por el Banco de España similar al Euríbor que se aprobó por orden ministerial en mayo de 1994 con el fin de crear una referencia hipotecaria estable ante el vaivén de la economía y los mercados en ese momento.
Dicho índice se calcula en base a una media de los préstamos a tres años concedidos por todas las entidades de crédito (bancos y cajas) y tiene el aval del Banco de España. El 'boom' de hipotecas firmadas referenciadas así se produjo entre 2005 y 2009, coincidiendo con la burbuja inmobiliaria y en un contexto en el que el Euríbor no paraba de subir.
Los bancos comenzaron a comercializar hipotecas en IRPH porque era menos volátil, pero con la crisis financiera el Euríbor se desplomó, llegando a situarse en un -0,40%, lo que provocó una gran diferencia entre lo que pagaban los clientes referenciados a este índice y los que firmaron IRPH.
Las asociaciones de usuarios financieros como Asufin consideran que las entidades no fueron totalmente transparentes a la hora de vender este producto, como pasó con las cláusulas suelo y con las hipotecas multidivisa.
25.000 euros de más
Según esta misma asociación, los clientes han pagado de media 165 euros más al mes desde 2004 hasta este año, con respecto a los que estaban referenciados al Euríbor, lo que supone un total de 24.987 euros de sobrepago, en términos generales. Esto significa que el IRPH ha tenido un impacto económico en el ámbito hipotecario de 25.000 millones de euros, que en el caso más pesimista podría llegar hasta los 60.000 millones de euros.
Ahora, los jueces españoles deberán estudiar si las hipotecas referenciadas al IRPH fueron comercializadas de forma transparente o no. En caso negativo, deben declararse abusivas y las entidades financieras españolas estarían obligadas a devolver el dinero cobrado de más a sus clientes.
El letrado polaco contradice así la doctrina del Tribunal Supremo, que lo avaló en 2017 y declaró que la referenciación de una hipoteca a un tipo oficial como el IRPH no implica falta de transparencia ni abusividad. Se posiciona también en contra de las tesis de la banca española, que ha reconocido una exposición al IRPH de casi 18.000 millones.
