El Gobierno seguirá el año que viene las recomendaciones específicas elaboradas para España por parte de la Comisión Europea y desarrollará en toda su dimensión el decreto ley aprobado el pasado julio que contempla medidas imprescindibles para garantizar la viabilidad futura del sistema de protección por desempleo. Gracias a ello, el ahorro en 2013 será de más de 1.800 millones de euros, aunque el capítulo dedicado a estas prestaciones sumará casi 27.000 millones de euros, el segundo más alto después del pago de los intereses de la deuda.Estos últimos superarán los 38.000 millones.
Trabajo aplicará el decreto de julio que vincula el cobro del paro al patrimonio personal del beneficiario
Para lograr este ahorro, el Ministerio de Trabajo que dirige Fátima Báñez condicionará el acceso al subsidio de paro al patrimonio del desempleado, lo que equivale a decir que aquellas personas cuya riqueza les permita cubrir sus necesidades tendrán que prescindir de estas prestaciones.
El Gobierno también ha incluido en los Presupuestos del año que viene el cambio de los requisitos de acceso a la llamada Renta Activa de Inserción, dotada con 426 euros mensuales. La perderán aquellos parados que hayan agotado la prestación normal y que hayan rechazado una oferta de empleo en el último año o se hayan negado a participar en cursos de formación. Esta ayuda podrán recibirla solo desempleados de larga duración mayores de 45 años, emigrantes retornados mayores de esta edad, víctimas de violencia de género y personas con discapacidad igual o superior al 33%. Nadie que haya obtenido esta misma renta en tres ocasiones anteriores podrá volver a beneficiarse de ella.
El año que viene los parados verán también reducida la prestación que reciben a partir del séptimo mes de estar inscritos en los servicios de empleo y tendrán que satisfacer una contribución mayor a la Seguridad Social ya que hasta ahora el Estado se hacía cargo del 35% de las cotizaciones durante el tiempo que dura el paro.
En el ahorro de 1.800 millones de euros pesa también la decisión de Trabajo de no prorrogar a partir del próximo 1 de enero la medida por la que se reponen prestaciones por desempleo hasta un máximo de 180 días en los supuestos de suspensión del contrato de trabajo o reducción de jornada como consecuencia de los expedientes de regulación de empleo.
Los sindicatos estaban dispuestos a negociar con el Gobierno la reducción del tiempo de cobro de los subsidios por desempleo
Fuentes oficiales explican que este paquete de medidas es más justo que rebajar la duración del cobro del seguro de desempleo, ahora establecido en un máximo de dos años para quienes hayan cotizado un mínimo de seis. El importe mínimo es de 497 euros y el máximo de 1.397 en función del número de hijos y demás cargas familiares.
La paradoja es que en los últimos encuentros mantenidos por el Gobierno con UGT y Comisiones para abordar la racionalización de estas prestaciones, ambos sindicatos estaban dispuestos a negociar la reducción del tiempo de cobro de los subsidios y se llevaron una enorme sorpresa cuando desde Trabajo se les advirtió que esta posibilidad nunca había estado sobre la mesa en los debates internos del Gabinete.
El endurecimiento de las condiciones de acceso al cobro del paro se explican por las dificultades crecientes que encuentran los servicios públicos de empleo estatales para financiarse. Hasta 2007 lo hacían por sí solos mediante las cuotas de empresarios y trabajadores, pero desde el inicio de la crisis tuvieron que acudir a la muleta presupuestaria. De hecho, el año que viene el Estado aportará a esta partida del gasto 10.340 millones de euros.
