El Ministerio de Fomento y Abertis han mantenido en los últimos días un primer encuentro al más alto nivel en el que se han tratado, entre otras cuestiones, el conflicto que mantiene la concesionaria de infraestructuras contra el Estado, al que le reclama el pago de una compensación milmillonaria por el desplome de los tráficos sufrido en diversos tramos de la AP-7, cuyo periodo de concesión fue ampliado en su día a través de un convenio a cambio de más inversiones. El asunto, que está pendiente de una sentencia del Tribunal Supremo, seguirá en sede judicial dado que no ha sido posible un acuerdo entre las partes.
El anterior Gobierno también trató en su día de llegar a un pacto con Abertis para tratar de encontrar una resolución extrajudicial. Pero fue en vano. El primer contacto del nuevo ministro de Fomento, José Luis Ábalos, con la compañía se produjo hace algunos días. La postura de la empresa no se ha movido un ápice: esperará a la resolución del Tribunal Supremo.
La situación deriva del Real Decreto aprobado en 2006 por el que se modificaban determinados aspectos de la concesión de diversos tramos de la AP-7 a Abertis, a fin de que la compañía abordara determinadas mejoras y construcciones de carriles adicionales en la vía. El convenio que articulaba la ampliación de la concesión incluía una cláusula de compensación por la que el Estado se comprometía a indemnizar a la concesionaria en el que caso de que ésta se viera perjudicada por un descenso en el tráfico de la vía y la consiguiente caída de ingresos.
Debido a la crisis económica iniciada a comienzos de 2008, los tráficos sufrieron una notable caída, lo que llevó a Abertis a mediados de 2015 a solicitar al Ministerio de Fomento el reconocimiento de una compensación que, por aquel entonces, ascendía a casi 1.500 millones de euros.
La desestimación de la petición por parte de la Secretaría de Estado de Infraestructuras llevó a Abertis a interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, cuyo fallo dio la razón a la compañía. El Estado interpuso un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, cuyo fallo derivará en sentencia firme y pondrá fin al conflicto.
Las herencias de PP y PSOE
La cantidad a reclamar se ha ido incrementando conforme ha pasado el tiempo y los tráficos siguen sin alcanzar las cifras contempladas en el convenio. De ahí que en la última actualización ya se haya situado por encima de los 1.700 millones de euros. La concesión vence en 2021 y será entonces cuando el Estado tenga la obligación de liquidar la compensación.
No obstante, el Gobierno de Rajoy siempre fue reacio a reconocer la reclamación de Abertis, especialmente en la etapa de la actual presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, al frente del Ministerio de Fomento. De hecho, un informe encargado al Consejo de Estado determinaba que la cantidad a percibir, en todo caso, por Abertis debería ascender a poco más de 500 millones de euros, que se corresponde con las inversiones llevadas a cabo como contraparte de la ampliación de la concesión.
En su reciente comparecencia ante la Comisión de Fomento del Congreso, el ministro Ábalos se refirió a esta cuestión, aunque sin especificar el nombre de la compañía y el asunto del que se trataba. En el tramo final de la sesión y en respuesta a uno de los miembros de la Comisión, Ábalos se refirió a una reciente reunión suya "con una concesionaria de infraestructuras, que nos reclama una cantidad… y es una cantidad muy grande".
El ministro hacía referencia a este caso, que fue profundamente tratado en su encuentro con Abertis, en el que también se abordó el proceso de entrega de las concesiones que vencen en la presente legislatura, que no serán prolongadas y que, además, se verán liberadas de los peajes. La primera de ellas, un tramo de la AP-1 entre Burgos y Armiñón, pertenece precisamente a Abertis.
El papel del Consejo de Estado
Ábalos se refirió de forma implícita al conflicto por la AP-7 en respuesta a diputados del Grupo Popular, que se habían referido en sus intervenciones a la "herencia" que encontraron del Gobierno de Zapatero al llegar a Moncloa, a finales de 2011. El ministro consideró que "si nos ponemos a hablar de herencias" habría que considerar que ahora el Ejecutivo del PSOE se ha encontrado con esta situación, en referencia a que la reclamación no fue resuelta en su día por el Gobierno del PP, por lo que acabó en los tribunales.
Sin embargo, el Gobierno de Zapatero también tiene su parte en la herencia, toda vez que fue bajo su mandato cuando se elaboró el convenio para extender la concesión (con Magdalena Álvarez como ministra de Fomento) y se incluyó la citada cláusula a la que se acoge Abertis para reclamar la cuantiosa compensación.
Se da la circunstancia de que el Consejo de Estado se pronunció en su día contra la modificación introducida en la concesión por el Real Decreto de 2006 al entender que incluía una "peligrosa cláusula de compensación" a favor de Abertis.
En concreto, en aquel momento, al hablar de las cláusulas, el organismo apuntaba que éstas "aseguran al concesionario en todo caso un saldo de compensación positivo en el periodo concesional". Es decir, tanto si los tráficos se disparaban como si se hundían, como así ocurrió. Una circunstancia que, de acuerdo con el Consejo de Estado, "sólo razones singulares y acreditadas pueden justificar".
