El nuevo Gobierno que se constituya en España se ha librado a última hora de una nueva 'patata caliente' gracias a la justicia europea. Se trata de una deuda que puede ser superior a los 3.000 millones de euros en concepto de intereses de demora. La abogada general del Tribunal de Luxemburgo Eleanor Sharpston ha hecho públicas este jueves sus conclusiones y ha dictaminado que el Gobierno de Mariano Rajoy no se saltó la ley al ofrecer un plan de pago a proveedores a cambio de que estos renunciaran a los intereses de demora. La obligación de renunciar a los intereses de demora no convenció a muchas empresas, que optaron por la vía judicial ante la sospecha de que ésta condición no fuera legal. La justicia ha establecido este jueves que las administraciones locales y autonómicas (las que estuvieron incluidas en este plan) no deberán pagar a las empresas lo que les deben. Mientras unas estimaciones cifran en 3.000 la cantidad supuestamente adeudada, otras calculaban que la cifra final sería "muy superior". Se trata de un interés del 4% anual sobre el principal de la deuda.
Así, las cuentas públicas se han librado de sufrir un nuevo recargo de 3.000 millones justo cuando Bruselas ha exigido este año un recorte de entre 8.000 y 10.000 millones a cambio de flexibilizar el objetivo de déficit.
Empresas de autobuses que cubren líneas regulares fueron unas de los que tomaron esta medida legal
Antonio Martínez, CEO de portalabogados.es, ha llevado buena parte de estos casos sobre todo a pymes y autónomos. "En mi caso por ejemplo he llevado muchos casos de empresas de transporte, eran compañías de autobuses pequeñas o medianas que llevaban rutas regionales y a las que la administración dejó de pagar. Cuando el Gobierno implementó el pago a proveedores, nos dimos cuenta de que nuestras empresas tenían derecho a los intereses de demora que no les querían pagar. Este interés estaba cifrado en el 4%, es un tipo de interés propio para las deudas con la administración y que establecen los Presupuestos Generales del Estado", asegura.
Además, durante estos años muchos tribunales españoles habían dado la razón a las empresas en su batalla por cobrar los intereses de demora. Contra este dictamen legal europeo, además, no cabe recurso. Esto es una buena noticia para las cuentas públicas, puesto que los ayuntamientos, con la asistencia del Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro, seguirán teniendo el déficit controlado sin tener que pagar un extra a sus proveedores.
Las deudas fueron pagadas sobre todo en 2012, pues el plan de pago a proveedores fue una de las primeras medidas del Ejecutivo popular. Por tanto, de este año vienen la mayoría de los intereses de demora, aunque también hubo pago a proveedores en 2013 y 14.
Deudas inferiores a 10.000 euros
Por ser deudas locales o autonómicas, el proceso legal no pasó al Tribunal Supremo y ahora es la abogada del Tribunal de Luxemburgo la que ha decidido que estas deudas no tienen que pagarse. También ha sido un revés para la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), un organismo que lleva varios años reclamando a las grandes empresas y a la administración una mayor diligencia en el pago de las deudas. Pilar Vázquez es la vicepresidenta de este organismo y considera que se trata de muchas empresas con las que se tiene deudas pequeñas: "La mayoria de las empresas se encuentran en una franja de deuda por debajo de 10.000 euros. El siguiente escalón que tenemos definido es entre 10.000 y 100.000, y entre estos dos escalones agrupamos el número de empresas a más de un 80%".
PMcM dice representar a unas 10 empresas a las que se les debe más de un millón de euros y hasta 10
Según asegura Vázquez, "luego nos encontramos el nivel de 100.000 a 1 millón de euros donde hay del orden de un 10% y finalmente un grupo de unas 10 empresas que estan entre el millon y los 10 millones. Esto tiene mucha lógica. Seguro que hay más empresas con grandes deudas, pero por su capacidad financiera y su proximidad a la administración les cuesta más denunciar. Las pequeñas, sin embargo, tienen una mayor necesidad y desde luego mucho menos que perder".
El plan de pago a proveedores diseñado por el Gobierno popular no saldrá, por tanto, más caro de lo previsto y tampoco añadirá más tensión a las cuentas públicas cuando Bruselas ya está presionando a España por su dificultad para cumplir los compromisos con respecto al déficit.
"Aunque una empresa haya quebrado, hubiera podido cobrar estos intereses de demora", asegura Vázquez, "nuestros cálculos es que más de la mitad de las empresas que han cerrado ha sido por problemas de impagos, no todos imputables al Estado aunque muchas veces de la deuda estatal o de las adminsitraciones se desencadena la ola de impagos".
