Abordar la transición energética del conjunto de los puertos españoles requerirá de una inversión de más de 4.500 millones de euros, destinada a la instalación de renovables, a la electrificación de los puertos y la producción de biocombustibles para los barcos.
Según un informe de Ocean Capital Partners, firma que gestiona las terminales de pasajeros de Málaga y Algeciras y es el accionista mayoritario de la marina de megayates de Málaga, solo esta última pata de la transición energética requerirá 4.000 millones de euros.
En concreto, este importe iría destinado a la producción de biocombustibles como el metanol, etanol o el hidrógeno, considerando que el 10% del consumo actual se produce en España. Por su parte, reducir para el año 2030 en un 50% la huella de carbono con respecto a 2019 supondrá la instalación de unos 300 megavatios (MW) de renovables, lo que implica una inversión asociada de casi 300 millones de euros.
Asimismo, la adaptación del suministro eléctrico a buques conforme a la normativa europea (OPS) precisará de una inversión aproximada de 450 millones de euros para el conjunto de los puertos nacionales.
Sistemas Portuarios capaces de reducir el CO2
Este objetivo de descarbonización está incluido en el Marco Estratégico del Sistema Portuario de Interés General, que el Gobierno aprobó a finales de 2022 y que propone una hoja de ruta para convertir el sistema portuario español en un conjunto de puertos inteligentes, hiperconectados y sincromodales, capaces de optimizar la gestión de los flujos de carga y pasajeros en condiciones de seguridad y sostenibilidad.
Otras de las metas que plantea son la reducción del 12% de la presión impositiva vía tasas portuarias, multiplicar por dos la cuota ferroviaria en los tráficos terrestres portuarios o aumentar en un 25% la eficiencia media del sistema, todo ello respecto a 2019.
Para Ocean Capital Partners, cumplir estos objetivos lleva aparejados ciertos desafíos como el reto de digitalizar los puertos, para lo que considera que se necesita una mayor colaboración público-privada, o el riesgo de que algunas inversiones se intenten financiar con el aumento de las tasas portuarias, lo que cree que empeoraría la competitividad del sector.
Asimismo, los objetivos de reducción de CO2 también acarrean un riesgo de que los tráficos se desvíen a otros puertos con menor presión ambiental, como África, por ejemplo, muy cercano al gran puerto de Algeciras.
