El Gobierno no piensa obligar ni a Cataluña ni a Madrid a devolver lo recaudado con el euro por receta porque considera que el coste de devolver ese dinero puede ser mayor de lo que se ha recaudado hasta ahora. Ese es el argumento que manejan fuentes del ministerio de Sanidad que sostienen que las cargas administrativas de devolver esos fondos pueden ser “excesivas” y, salvo sentencia expresa en contrario, correrían a cargo del Estado Central.Ese mismo argumento lo ha manejado oficialmente el ministerio al asegurar que “la devolución del dinero tiene sus complejidades desde el punto de vista técnico y económico”, según palabras del Secretario de Estado de Servicios Sociales, Juan Manuel Moreno. Moreno deja abierta la posibilidad a que las autonomías conserven esos fondos aunque los hayan cobrado de manera inconstitucional al asegurar: “pondremos en marcha el mecanismo que tenga los menores perjuicios para el ciudadano”. El Gobierno traslada la responsabilidad al ConstitucionalSegún Moreno, no corresponde al Ejecutivo recuperar ese dinero sino que “esa cuestión la tiene que dirimir el Tribunal Constitucional”. Por eso, dijo ayer en declaraciones a la COPE, el Gobierno ha hecho todo lo que podía hacer: “nosotros advertimos que había una invasión de competencias y avisamos al conseller de Cataluña y al consejero de Madrid. Hemos puesto la maquinaria jurídica del Estado hasta llegar al recurso. Las demás cuestiones las tiene que dirimir el Constitucional”, concluyó. Según estimaciones de Sanidad, las dos administraciones pueden haber recaudado, de momento, unos 55 millones de euros:
- Cataluña implantó la medida el 23 de junio del año pasado. El Servei Català de Salut (CatSalut) cifró en 34,6 millones de euros lo recaudado a primeros de noviembre y en 50 millones de euros su previsión de ingresos al cierre de 2012.
- Madrid, por su parte, comenzó a cobrar el euro por receta el uno de enero. Fuentes de Sanidad estiman que la Comunidad podría recaudar unos 4,3 millones de euros antes de que el Constitucional pueda decretar la suspensión cautelar de la tasa.
El Ejecutivo no ha detallado los costes que supondría el proceso de devolución de fondos ni si permitirá a Madrid y Barcelona retener en sus cuentas los 55 millones ya ingresados, tal y como pretenden ambos gobiernos. Esos fondos generan unos intereses que rondan el millón de euros anuales.
