El Gobierno acelerará la reforma de las pensiones que presentará este viernes con el fin de que entre en vigor antes de que acabe el año y no tener que revalorizar las prestaciones si los números no le cuadran y precisa ahorros inmediatos. Además, plantea en un informe distribuido entre los diputados que se pueda llevar la edad de jubilación más allá de los 67 años a partir de 2027 y que se puedan suprimir muchas de las excepciones para jubilarse antes de los 67.
Después de afirmar una y otra vez que revalorizaría las pensiones, el Ejecutivo ya dejó a medias la actualización de 2012 al no revisar las prestaciones según el alza de la inflación de finales de año. Y respecto a 2013 aprobó una subida por debajo de la previsión del IPC, por lo que el Gabinete de Rajoy podría verse obligado de nuevo a quedar en evidencia si no cuenta con el cash suficiente para hacer frente a la paga compensatoria de enero.
Por otro lado, en los presupuestos de 2014 que se presentarán en septiembre y se tendrán que aprobar en diciembre en el Congreso, el Gobierno habrá de establecer una nueva revalorización que volvería a elevar los gastos en pensiones. De modo que el Ejecutivo busca que la reforma de las pensiones esté lista antes de finales de año y evitarse así el apuro de suprimir a golpe de aparición televisiva todas estas actualizaciones.
Moncloa ya se ha comprometido con Bruselas a aprobar el llamado factor de sostenibilidad, una fórmula por la cual se calcularán las prestaciones desligándolas del IPC y teniendo en cuenta factores como el número de cotizantes y pensionistas, las coyunturas económicas, las proyecciones demográficas o la vida laboral de los perceptores. Muy probablemente, este sistema incluirá un adelanto de la entrada en vigor de los 67 años como edad legal de jubilación. El informe del Ejecutivo subraya que hay pensionistas que reciben más de lo que han aportado y que las prestaciones se acercan mucho a lo que los jubilados cobraban antes de retirarse.
Con el respaldo de PSOE, CiU y Comisiones Obreras, el Gobierno ha encargado a una comisión de expertos presidida por el catedrático de Sociología Víctor Pérez-Díaz que elabore este mayo unas directrices sobre las que confeccionar dicha fórmula de sostenibilidad. Tales recomendaciones se trasladarán a la comisión del Pacto de Toledo para su aprobación en junio y la idea del Ejecutivo es que todo el trámite parlamentario esté concluido para noviembre o incluso antes, de forma que se pueda recortar según los nuevos criterios tanto la paga compensatoria de 2013 como la actualización de 2014.
El Gobierno es consciente de que esta medida puede presentar problemas en los tribunales. Sin embargo, las pensiones y prestaciones contributivas han subido hasta febrero un cuatro por ciento respecto al año anterior; la relación entre cotizantes y pensionistas se sitúa en un inviable dos a uno; el déficit de la Seguridad Social en 2012 alcanzó los 10.000 millones y para financiarlo el Ejecutivo ya ha tenido que disponer de 7.000 millones del Fondo de Reserva, la llamada hucha de las pensiones. Para colmo, una sentencia del Tribunal Constitucional sobre los contratos a tiempo parcial obligaría a la Seguridad Social a reconocer nuevos derechos por valor de más de 1.500 millones.
