La nueva fiscalidad sobre la indemnización por despido no es ilegal ni inconstitucional, aunque sí “cruel” o “insensible con el trabajador despedido de larga duración”. Así se expresan algunos expertos legales.
El artículo 9.3 de la Constitución española “garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.” Luis Bravo, socio del despacho Cuatrecasas Gonçalves Pereira, señala que dicho artículo hace referencia a las normas sancionadoras, pero este no es el caso de la fiscalidad. Es posible que haya una técnica legislativa dudosa, en el apartado de seguridad jurídica, ya que “las expectativas razonablemente previsibles de derecho puedan haberse visto defraudadas”.
Pero no es algo ilegal. Es más, “hay varios precedentes a este respecto”, señala Cristina López-Ventureira, del despacho Dutilh Abogados, como la fiscalidad sobre las stock options, anunciada en tiempos de Rodrigo Rato al frente del ministerio de Economía y sobre la que continúa habiendo controversia legal, precisamente por la retroactividad.
“El Tribunal Constitucional dice que al contribuyente se le deben respetar sus expectativas razonables, pero esta medida es una decisión política y un tribunal puede dar un amplio margen de apreciación política por la eficacia temporal de esa medida”, apunta López-Ventureiro.
Deberá discutirse
Por tanto, ambos expertos coinciden en que hay argumentos legales para la retroactividad, aparte de destacar que de momento sólo hay un anteproyecto de ley que debe ser discutido por las Cámaras y los interlocutores sociales. Tampoco se sabe si habrá un régimen transitorio.
En lo que sí coinciden las fuentes consultadas es en que esta medida de nuevo cuño es “cruel” e “insensible”, sobre todo con aquellos trabajadores de cierta edad: “ese despido es el dinero con el que contarán para su futuro y de repente se encuentran con que Hacienda les morderá, con toda probabilidad, el 47% de la cifra resultante tras las deducciones”.
El secretario de estado de Hacienda, Miguel Ferre, señaló que el 80% de las indemnizaciones seguirán exentas y sin duda tendrá razón. Quienes sufrirán la reforma serán los trabajadores de larga duración en las empresas que por su edad madura tendrán difícil recolocación.
Los afectados serán empleados de rentas en su enorme mayoría, que son quienes están llevando la peor parte en esta crisis ya que, como destacan desde Dutilh, “un 15% de contribuyentes que conforman esas rentas medias aportan el 85% del IRPF”. O, mejor dicho, soportan.
